La moción del Senador Francisco Chahúan expone que, no obstante en la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional se establecen normas de probidad y transparencia que han de regir sus actuaciones, a fin de evitar cualquier conflicto de intereses que pudiere afectarles en su gestión, igualmente se requiere “el pleno compromiso de los representantes del electorado con el rechazo a la drogadicción”, esto es, “intensificar las acciones y políticas, tanto estatales como privadas para erradicarlo”, puesto que “de acuerdo a estudios especializados, guarda íntima relación con la actividad delictual”, donde a su vez “los convierte en personas plenamente vulnerables”, afectando su independencia, y generando así un fuerte conflicto de intereses.
Observa luego que “aun cuando pudiere estimarse que una medida de esta naturaleza podría violar la vida privada de los miembros del Congreso”, a su juicio, “debe primar el interés general”.
A tales fines, proponen incorporar un nuevo artículo 5 E al precitado cuerpo legal, de manera tal que “los diputados y senadores, una vez que hayan sido proclamados electos y antes de ser investidos como tales, deberán someterse a una prueba científica”, todo “con el fin de establecer que no son consumidores de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, la que deberán efectuar anualmente durante su respectivo período”.
Por último, será los reglamentos de las respectivas cámaras quienes “establecerán la forma y condiciones en que este tipo de pruebas se llevarán a cabo».

Vea texto íntegro de la moción.

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