En días pasados, el Presidente del Senado, Guido Girardi, en conjunto con el senador Jaime Quintana adelantaron que recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La razón radica en que tras los incendios forestales que afectan la zona sur de nuestro país, el gobierno -luego de estimar que su origen fue intencional- sin mayor reparo, anunció que se aplicará la ley antiterrorista al pueblo Mapuche, presuntos autores del ilícito.
Ante tal escenario, es que los senadores además de remitir los antecedentes a la CIDH, solicitarán medidas cautelares a objeto de impedir la medida, estimando que el gobierno se equivocó en la aplicación jurídica”, la que atenta contra las normas del debido proceso, en particular la presunción de inocencia del imputado al “criminalizar” a los pueblos originarios, lo que “tiene consecuencias graves por que han ocurridos allanamientos inmediatos, y el Gobierno en vez de asumir su incompetencia en la lucha contra los incendio ha culpado al pueblo mapuche», sobre todo si “todos los organismos de derechos humanos internacionales están condenando a Chile por la aplicación de la aludida ley a estas etnias”, actuando con “una discriminación racial inexplicable”. (Véase relacionado)
Por su parte, el senador Ruminot estuvo en desacuerdo con la iniciativa de sus pares de la Concertación, que calificó como un “profundo error”. Manifestó su extrañeza, en particular si la ley fue requerida ante tribunales en 4 oportunidades durante los gobiernos de Lagos y Bachelet, donde jamás se apeló a la CIDH, por lo que detecta “una intencionalidad política de crear mayores problemas al gobierno y dañar la imagen internacional del Presidente Piñera».
Asimismo, apoyó la decisión del Gobierno en el entendido que “las acciones violentistas” comenzaron en la zona el 16 de septiembre del año pasado, en adelante “se ha sucedido una escalada de atentados en diferentes comunas de la Región, con cuantiosos daños materiales», por tanto “es evidente que un gobierno serio y responsable tiene que tomar todos los instrumentos que le da ley para que se investigue y se ponga a los responsables a disposición de la justicia».
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