La Comisión de Derechos Humanos anunció que se encuentra ad portas de finalizar el análisis de las propuestas presentadas en torno al sistema carcelario en nuestro país, a propósito de las falencias que este posee, las que han quedado demostradas, en particular, con el lamentable incendio en la cárcel de San Miguel el año 2010.
En la oportunidad, se acordó contar con la participación del Ministro de Justicia, Teodoro Rivera y la directora del sector de la Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales.
Cabe destacar que tras la renuncia de la Consejera del Instituto de Derechos Humanos, Pamela Andrade quien debía permanecer 6 años en el cargo y se desempeñó casi 2, el Presidente de la Comisión, Ruiz-Esquide informó que en remplazo, "recomendamos por unanimidad a Carolina Carrera a la Sala porque ella cumple plenamente las condiciones para el cargo”, es sicóloga-sicoanalista que hace 30 años trabaja en materias vinculadas a los derechos humanos. Finalmente, será la sala-mediante el voto- quien decidirá su elección.
Agregó que en la misma sesión se presentó del director ejecutivo de Proyecto B, Rafael Rodríguez, fundación “financiada con dineros de distintas instituciones del Estado más algunas privadas" y que están trabajando con cerca de quince mil niños, a fin de mejorar la empleabilidad de los jóvenes que salen de las cárceles.
En el mismo sentido, el integrante de la instancia, senador Kuschel recalcó que “la idea de ellos es ser una alternativa para reinsertar socialmente a los jóvenes infractores de ley, menores de edad, a través del emprendimiento y la inserción laboral". Luego de consultarles “cuáles eran las causas de los fracasos, nos comentaron que se tratan principalmente personas drogadictas”, lo que es difícil, considerando además que “se requieren de condiciones laborales que tengan alguna perspectiva de mejoramiento de remuneraciones, porque o sino los jóvenes seguirán delinquiendo".
Finalmente, la senadora Allende manifestó estar de acuerdo con el senador Larraín, quien "aseguró en la Comisión la necesidad que el Ministerio de Justicia incluyera una subsecretaría de Derechos Humanos. La idea es que esta instancia pudiera coordinar las políticas públicas en relación a los DD.HH, sobre todo si "existe absoluta coincidencia en la necesidad de trabajar de manera coordinada con los derechos humanos y que debería estar radicado en el Ministerio de Justicia, porque hoy se desempeña, aunque parezca curioso, en el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Una vez concluido el informe sobre el sistema carcelario, “donde especificaremos cuáles son los temas que están funcionando bien y cuáles son los que no se desarrollan adecuadamente y que es indispensable que se corrijan", será entregado a la Sala del Senado.
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