El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que la encuesta Casen 2009 dejó en evidencia que cerca de 2,6 millones de chilenos, el 15,1% de nuestra población, viven inmersos en la pobreza, con ingresos que no les alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica; y que casi 600 mil compatriotas, el 3,7%, viven en condición de indigencia, esto es, con ingresos que ni siquiera les cubren sus necesidades de alimentación. A ello hay que sumar otra dura realidad: la de millones de personas de clase media vulnerable que viven en una situación de pobreza encubierta, es decir, con el constante temor de enfermarse, llegar a la vejez o perder su trabajo, porque cualquiera de esas circunstancia les significaría, con una alta probabilidad, caer en la pobreza. De hecho, entre 1996 y 2006, uno de cada tres chilenos estuvo, al menos una vez, viviendo bajo la línea de pobreza, lo que demuestra que lejos de ser estática ella corresponde a una condición dinámica, de la cual se puede salir y volver a entrar muchas veces.

Observa luego que, el Ingreso Ético Familiar es una política social moderna e inédita en nuestro país. Se trata de un instrumento de promoción y ascenso social, que se refleja a través de un conjunto de transferencias monetarias directas de recursos públicos, que suplementarán los ingresos autónomos de las familias más pobres y de clase media desvalida, de manera que puedan superar su condición de pobreza y aliviar las condiciones derivadas de su alta vulnerabilidad.

A los fines expuestos y para evitar transformar a sus beneficiarios en sujetos pasivos y dependientes del Estado, el proyecto de ley contempla un Ingreso Ético Familiar diseñado sobre tres pilares fundamentales; el primero, denominado el pilar de la dignidad, que contempla transferencias incondicionadas dirigidas a todos quienes se encuentran en situación de pobreza extrema, y que actualmente corresponden a cerca de 170.000 familias, o 640.000 personas, con el propósito de asegurarles una calidad de vida compatible con la dignidad humana.

El segundo pilar corresponde al de los deberes, transferencias que son condicionadas y que se entregarán a las familias en situación de extrema pobreza cuyos hijos se encuentren con sus controles de salud al día y tengan una asistencia escolar de al menos un 90% en el caso de la Enseñanza Básica y de un 85% en el caso de Enseñanza Media. Las transferencias asociadas a este segundo pilar serán de $8.000 mensuales por cada menor de edad de aquellas familias beneficiarias, que cumpla con los requisitos recién señalados.

Y por último, está el pilar de los logros, que prevé transferencias condicionadas dirigidas no sólo a quienes se encuentren en situación de pobreza extrema o pobreza en general, sino al 30% de las familias de menores ingresos, incluida la clase media vulnerable. Los logros que se premiarán serán el rendimiento escolar y el trabajo de la mujer; entre otras disposiciones que el proyecto de ley consulta.

Vea texto íntegro del mensaje y tramitación.

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