En días pasados, se ingresó a trámite legislativo un proyecto de ley, iniciado por mensaje, que fortalece el resguardo del orden público, al introducir enmiendas en el Código Penal y tipificar como delito el saqueo y las tomas ilegales, entendiendo que “en ocasiones, el legítimo ejercicio pacífico del derecho de reunión que algunos realizan, es perturbado por otros que, sobrepasando el marco constitucional, provocan desórdenes, agreden y lesionan a los funcionarios policiales o a quienes se manifiestan tranquilamente, causan daños a la propiedad, portan y utilizan armas cortantes, contundentes, de fuego e incendiarias, y muchas veces ocultan su rostro para evadir la acción policial”, además de “saqueos y la afectación al desenvolvimiento normal de la vida diaria y la actividad del comercio en las zonas por la que transitan las marchas”.
Ante este escenario las reacciones fueron diversas, no sólo provenientes del ámbito parlamentario, sino también se hizo presente con su opinión la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, al advertir “que la penalización de acciones colectivas que puedan ser parte de la expresión social o política de sectores ciudadanos” debe “abordarse con suma prudencia”, conforme “con los estándares internacionales”, caso contrario “podrían incluso constituir infracciones” en relación “al compromiso que en materia de derechos humanos tiene el Estado de Chile”.
Asimismo, manifestó su preocupación por las pretendidas medidas del Gobierno al estar adscritos en el marco “de la persecución de actos de violencia delictual”, en contrapartida “con derechos y libertades políticas reconocidas en la Constitución”, calificando de inoportuno “realizar estos anuncios en un momento en que sectores relevantes de la sociedad expresan activamente sus propuestas en temas tan relevantes como la educación”. Por el contrario, a su parecer deberían “inscribirse en un marco de reformas más amplias, por ejemplo, al Decreto N° 1086 sobre el Derecho a Reunión; que junto con garantizar de mejor y mayor manera los derechos de las personas cuenten con regulaciones operativas que resuelvan los problemas que se derivan de los actos de violencia que se producen en el marco de las movilizaciones”.
Vea texto íntegro del mensaje.
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