En el marco de un proceso penal ventilado ante un Tribunal del Estado de Georgia por el delito de asesinato de un policía, ocurrido en 1989, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa del condenado, Troy Davis: un hombre de ascendencia afroamericana de 42 años.
El Supremo Tribunal norteamericano, luego de la cuarta solicitud promovida por la defensa del acusado para suspender la condena, y pese a las múltiples peticiones de clemencia surgidas alrededor del mundo entero –desde el Papa Benedicto XVI, pasando por diversas organizaciones de Derechos Humanos, hasta el ex Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter– pasada la medianoche de hoy jueves en Chile se ejecutó la sentencia a través de una inyección letal que le provocó la muerte 15 minutos más tarde.
Aplicada con frecuencia en estados como Texas y el mismo Georgia, Estados Unidos es uno de los países que aún mantiene en vigencia la pena de muerte como máximo castigo para quien comete delitos de gravedad.
En opinión de gran parte de los defensores del condenado, el caso representó un fiel ejemplo de una condena obtenida, antes que por razones de derecho, por circunstancias que han marcado la historia norteamericana: la segregación racial.
Lo anterior, debido a que, en el transcurso de los 20 años desde la dictación de la condena hasta hoy, surgieron poderosos argumentos para revertir la decisión original: uno de ellos fue la retractación del testimonio de siete de los nueve testigos que en su oportunidad presentó la Fiscalía, lo que al menos, arguyen, debió haber generado en la judicatura dudas razonables sobre la culpabilidad de Davis, quien, a su turno, ni en sus últimos momentos cesaría en defender su inocencia: “Por aquellos que se llevan mi vida”, expresó. 

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