En el marco de una investigación sobre los compromisos que adoptó el Ejecutivo frente a la huelga de hambre que realizaron un grupo de comuneros mapuches y la aplicación que se le está dando a la Ley Antiterrorista, la responsable de la Oficina de las Américas de ese organismo internacional, Jimena Reyes, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que interceda ante el Ejecutivo para que se modifique la Ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, por cuanto no cumple con los estándares internacionales contenidos en Tratados sobre Derechos Humanos.
En la instancia, Reyes explicó que “que la Ley Antiterrorista se sigue aplicando, que la reforma que se hizo de esta Ley es una burla, el Gobierno en realidad apoyo una iniciativa que no cambia en nada el fondo del problema, entonces permanece esta legislación que es contraria a las normas internacionales de los derechos humanos, que permite los testigos anónimos y que posee una definición de terrorismo demasiado amplia”.
En la misma línea, expresó su disconformidad con los casos de menores de edad que han sido procesados por la Ley N° 18.314, a pesar de que la reforma hecha por el Gobierno los excluye dentro de la aplicación de esta ley, y solicitó que la Comisión "tome este tema así como algunas quejas que tenemos respecto del actuar de la Fiscalía Regional de Temuco”.
Durante su intervención, criticó que la derogación de la Ley Antiterrorista no se encuentre en la agenda del Ejecutivo, ya “hay 4 proyectos de ley que buscan solucionar esto pero el problema es que el poder Ejecutivo no ha tomado esa tarea de reformar de forma global la Ley Antiterrorista, que este tema permanezca en la agenda del Poder Ejecutivo es algo esencial para que los proyectos lleguen a ser votados”.
Finalmente, la responsable de la Oficina de las Américas de la FIDH mostró su preocupación por la forma en que se está dando el proceso de consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT e indicó que “hay dificultades con esos procesos de consulta y además el Convenio 169 es más amplio que el sólo hecho de la consulta”.

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