Observan luego que “no ha existido, ni se ha implementado un Registro Nacional de Títulos y Grados”, existiendo sólo “ciertos registros aislados”, siendo necesario legislar para establecer “una herramienta de evidente utilidad para la ciudadanía”.
Con el objeto que se lleve un control de la cantidad de profesionales existentes y se mantenga un registro de libre acceso público que permita conocer si la persona es realmente profesional, proponen que todos los establecimientos de educación superior, deberán, cada 6 meses, remitir al Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación, toda la información referida a las personas a quienes hubieren otorgado grados académicos y/o títulos profesionales ó técnicos, de conformidad a la ley.
La información antes señalada será de carácter público una vez que sea recibida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, entre otras disposiciones que el proyecto de ley consulta.
Vea texto íntegro de la moción.
RELACIONADO