Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el inciso 5° del artículo 247 del Código Procesal Penal.
El precepto legal impugnado dispone: “Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, citará a la audiencia prevista en el artículo 249 y dictará sobreseimiento definitivo en la causa”.
La gestión pendiente invocada es un recurso de apelación que conoce actualmente la Corte de Apelaciones de Santiago, referido a una resolución de sobreseimiento definitivo dictada por el 7° Juzgado de Garantía, por cuanto al haberse declarado cerrada la investigación, la Fiscalía dejo transcurrir el plazo de 10 días sin efectuar la acusación, lo que tuvo como efecto que se haya decretado el aludido sobreseimiento.
La norma impugnada, -estima el recurrente- vulneraría sus garantías constitucionales relativas a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia y el derecho a la jurisdicción, toda vez que la víctima no puede sostener la acción penal que por mandato constitucional le corresponde.
La sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 1947.

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