En forma unánime fue aprobado un proyecto de acuerdo mediante el cual el Senado exhorta al Ejecutivo a adoptar las recomendaciones de la ONU para establecer una institución nacional de DD.HH conforme a los Principios de París.
El organismo estatal debiera crearse por medio de una reforma constitucional o a través de una ley para promover y proteger los DD.HH, aunque no estaría bajo la autoridad del Ejecutivo, Legislativo o del Poder Judicial. No obstante ello, quedaría sujeto a las responsabilidades legales como todo organismo del Estado.
En cuanto a su composición se integraría por personas elegidas de forma pluralista con la participación de organismos de la sociedad civil, de académicos y parlamentarios; y contaría con una infraestructura y financiamiento adecuado para sus actividades que garantice la autonomía respecto del gobierno.
La entidad que se propone establecer tendría plena libertad para considerar cualquier asunto, independiente de su fuente, escuchar a toda persona y obtener la documentación necesaria para analizar situaciones relevantes; difundir, a través de la opinión pública o la prensa, sus opiniones y recomendaciones; organizar reuniones regulares con todos sus miembros y establecer grupos de trabajo o unidades locales o regionales para el cumplimiento de sus funciones, entre otras prerrogativas.
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