Luego del accidente de los 33 mineros atrapados en la mina San José -hecho que dejó en evidencia las falencias en el cumplimiento y fiscalización de las normas sobre seguridad laboral-, el Gobierno creó la Comisión Asesora Presidencial para la Seguridad y Salud en el Trabajo, en septiembre de 2010, la que, en su informe final, propuso evaluar la ratificación del Convenio 187, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2006.
El Ejecutivo acogió tal recomendación y envió al Congreso –para su aprobación- el Convenio 187, que fija un Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este obliga “a los Estados a establecer un marco para promover el desarrollo de una cultura normativa de seguridad y salud a nivel de cada país” y a “desarrollar una política y un programa nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo”, todo ello para prevenir lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo.
En días pasados el Senado aprobó el citado instrumento internacional, el cual ya había sido despachado por la Cámara de Diputados. De ese modo quedó en condiciones de remitirse al Presidente de la República para su ratificación.

Vea texto íntegro del Convenio 187, informes y discusión.

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