La superación de la pobreza, la igualdad de oportunidades, la integración y movilidad social y la protección de los grupos vulnerables, “constituyen objetivos insoslayables de la actual Administración”, expone el mensaje con que el Ejecutivo inició la tramitación de un proyecto de ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social en reemplazo de Mideplan.
En la exposición de motivos el Presidente de la República sostiene que “es necesario contar con una renovación de la actual institucionalidad, que tenga objetivos claros y definidos, además de facultades suficientes que permitan garantizar y asumir un rol preponderante en los desafíos sociales del país”, por lo que “debe existir un órgano de administración y gestión que entregue ayuda de manera coordinada para alcanzar el objetivo central: derrotar la pobreza”, asegurando la “consistencia de las prestaciones y beneficios sociales “para implementar programas de ayuda y seguimiento que permitan una acción global, alineada y coordinada de la política social del país”.
El Ministerio de Desarrollo Social sería “la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social”, como lo precisa el artículo 1º del proyecto de ley, y le correspondería, además, velar por la “coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, a nivel nacional y regional” y porque dichos planes y programas se implementen en forma descentralizada, “evaluar los estudios de preinversión de los proyectos de inversión que solicitan financiamiento del Estado para determinar su rentabilidad social” y velar por la “eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos”, de manera que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que se determinen para el país, entre otros roles que se le asignan.
La iniciativa legal fue aprobada por la Sala del Senado, en general, fijándose como plazo para presentar indicaciones hasta el día 10 de enero próximo.

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