La iniciativa legal, patrocinada por los diputados Bauer, Burgos, Eluchans, Lobos, Montes, Robles, Sepúlveda, Tohá y Vallespín, establece el derecho real de conservación, que tiene su fuente constitucional directa en el artículo 19 Nºs 1, 8, 9, 18 y 24, que aseguran el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a un medio ambiente libre de contaminación, a la protección de la salud, el derecho a la seguridad social y, por último, el derecho de propiedad cuya función social faculta al legislador para establecer limitaciones y obligaciones que tiendan a la conversación del patrimonio ambiental.
Se trata de un derecho real, inmueble, distinto e independiente del dominio del bien raíz afectado; y oponible frente a cualquiera, que consiste en una limitación al dominio de un inmueble, que se constituye voluntariamente con la finalidad de contribuir a conservar el ambiente, en beneficio de la comunidad en su conjunto, cuyo ejercicio y protección quedan especialmente entregados a una persona jurídica determinada en calidad de titular, y en virtud de la cual se le imponen ciertos gravámenes.
El interés de introducir esta figura en Chile se origina en que no existen instrumentos ?o los que hay son deficientes o poco útiles? para desarrollar la conservación privada, señala la moción.

Vea texto íntegro del boletín N° 5823-07.