Se solicitó declarar inaplicable los artículos 23 y 24 de la citada legislación, en relación a un reclamo de ilegalidad que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
El requerimiento no fue acogido a tramitación por no contener una impugnación cuyo objeto sea la declaración de inaplicabilidad de un precepto de jerarquía legal y cuya aplicación en la gestión pendiente resulte contraria a la Carta Fundamental, pues los reproches se dirigen en contra de la interpretación que de las disposiciones legales impugnadas hace la autoridad comunal recurrida.
Tales asuntos –dice el TC- no son de aquellos que le corresponde conocer y resolver, y las alegaciones planteadas constituyen meras cuestiones de legalidad, de competencia de los jueces del fondo que el Tribunal está obligado a respetar (art. 7), como se aprecia de la lectura de diversos pasajes del libelo que se transcriben.
El Ministro Fernández Baeza concurrió a la sentencia pero dejó entrever que le asisten dudas sobre la  constitucionalidad de las normas establecidas en el artículo 141, letras a), b), c) y d), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695, que regulan el procedimiento de reclamo de ilegalidad, que es el que dio origen a la gestión pendiente en la que incide el requerimiento que se declaró inadmisible.

Vea texto íntegro de la sentencia