La solicitud fue formulada por un grupo de ambientalistas que denuncian al Secretario de Estado por no haber hecho uso de los medios a su disposición para exigir la instalación de los filtros en los buses del Transantiago a fin de evitar, en parte, la contaminación atmosférica que afecta a la capital. Estiman que en su calidad de directamente perjudicados, junto a los habitantes de Santiago, debe autorizárselos para accionar civilmente en contra del Ministro de Transportes por la responsabilidad civil de éste en las omisiones que a su respecto denuncian.
Se trata de la segunda vez que el Senado es requerido desde 1990 para pronunciarse en ejercicio de la atribución que le concede el artículo 53 Nº 2 de la Constitución. En 1991 desestimó una petición que perseguía la responsabilidad civil de todos los Ministros de Estado que concurrieron con su firma a la suscripción de un decreto de insistencia por el cual se removió de su cargo de rectora Mariana Martelli a pesar de que la Comisión de Constitución la había informado favorablemente.
Evacuado el informe -en el que probablemente será precisado el sentido y alcance de la atribución que le corresponde ejercer al Senado- el asunto será conocido por la Sala de la Corporación, la que en definitiva deberá resolver si admite o no a tramite las acciones judiciales anunciadas.
El Presidente de la Comisión de Constitución ha declarado que los acuerdos se habrían adoptado por la unanimidad de sus integrantes.