El Director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Sebastián Soto, planteó diversas dudas de constitucionalidad en relación al Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana, especialmente, respecto a la limitaciones al derecho de propiedad, a la libertad de traslado o movilización y al derecho a desarrollar actividades económicas. Estima que las normas del plan de descontaminación están contenidas en un Decreto y no en una Ley, que sería la única fuente habilitada para limitar el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que dicho plan afecta.
En todo caso, concluye, que “no puede adelantarse el resultado final de un posible requerimiento en contra del Plan de Descontaminación de Santiago”. (Fuente, LyD).

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