Se solicitó a la Contraloría General de la República, por parte del senador García, informe relativo hasta qué fecha estarían comprometidos los recursos de cada uno de ellos. Junto con lo anterior, pidió antecedentes acerca de la forma en que se define el límite o facultades que tienen aquellos para contraer deudas.
Al respecto, el ente de control, precisó que la consulta se atiende en el entendido que se refiere a los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) respecto de cuya inversión se requiere la aprobación del Consejo Regional (CORE), la cual es destinada principalmente a los subtítulos 31 y 33 del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Enseguida, se recuerda que acorde al artículo 115 de la Constitución Política, y al artículo 74 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, al Gobierno Regional (GORE) le compete asignar al interior de cada región los recursos destinados a gastos de inversión pública del FNDR, el que consiste en un “programa de desarrollo regional y compensación territorial”, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos que ahí se señalan.
Luego, indica que las letras d) y e) de los artículos 24 y 36 respectivamente, de la citada ley, le otorga al CORE la facultad de resolver de manera informada y razonada el destino que se dará a los recursos del FNDR que correspondan a la región, precisándose los programas en que ellos deberán invertirse y los montos asignados al efecto, decisión que podrá importar, según sea el caso, modificar o sustituir los proyectos propuestos por el intendente, teniéndose precisamente en vista los intereses que se pretenden satisfacer con esos fondos (aplica dictamen N° 1.127, de 2013).
De esta manera, la Contraloría recuerda que en razón de su dictamen N° 18.434, de 2008, manifestó que si de acuerdo al programa de avance del proyecto, los estados de pago deben efectuarse en diferentes períodos presupuestarios, el acto administrativo que aprueba el contrato, sin perjuicio de indicar el precio total del mismo, deberá imputar al presupuesto vigente, sólo las sumas a pagar en el año respectivo, y consignar que el saldo se solucionará con cargo a los recursos que se consulten en el presupuesto del año siguiente.
En ese sentido, indica el órgano de control que tales iniciativas de inversión se identifican en el subtítulo 31 con montos menores a los costos totales aprobados por el CORE de acuerdo a la programación financiera que efectúe el Intendente, no obstante puede suscribir los convenios respectivos por los montos totales aprobados por el mismo, tal como lo señala la glosa común 04 de los Programas de Inversión de los GORE.
Por su parte, el órgano contralor señala que los programas ejecutados a través del subtítulo 33 que se financien con cargo a los presupuestos de los GORE, según lo prescrito en la glosa común 04 y 09 de los señalados Programas de Inversión, deberán contar con código bip y, al igual que las iniciativas del subtítulo 31, podrán identificarse con montos menores a los costos totales aprobados por el CORE, no obstante suscribir los convenios respectivos por los montos totales aprobados por el mismo.
Así, en cuanto al límite de los GORE para comprometer los recursos del FNDR, la Contraloría señala que cada año los recursos asignados por la ley de presupuestos en los subtítulos 31 y 33 de los GORE, son distribuidos en los proyectos o programas nuevos y de arrastre, considerando sólo las sumas que se estima que se harán exigibles hasta el 31 de diciembre, las cuales en conjunto tienen como límite los fondos que se consulten para estos efectos en los respectivos subtítulos 31 y 33 de sus presupuestos vigentes.
De ese modo, en relación al informe solicitado, el órgano contralor adjunta al presente oficio, un informe del presupuesto “inicial”, “actualizado” y “ejecutado-devengado” del año 2016 y de enero a mayo de 2017, de los Programas de Inversión de cada GORE, del subtítulo 31 y del subtítulo 33, hasta el nivel de asignación.
Por último, en cuanto al detalle solicitado, la Contraloría concluye exponiendo que de acuerdo al artículo 7°, 15° y 66 y siguientes del decreto ley N° 1.263, de 1975, le corresponde recopilar información para efectos de agregación, por lo que sólo recepciona información agregada desde el sistema informático administrado por la Dirección de Presupuestos (SIGFE Agregación), encontrándose la información analítica de cada estudio, proyecto o programa de inversión contenido en los registros auxiliares del sistema de cada GORE (SIGFE 2 Transaccional).
Vea texto íntegro del Dictamen Nº 34.498 de 2017.
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