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Art. 55 bis de la Ley Nº 18.575.

CGR se pronuncia acerca de la entidad que debe realizar control de consumo de drogas de funcionarios públicos.

El ordenamiento ha contemplado un sistema de control financiado con recursos de SENDA y la contratación por parte de éste de los servicios de laboratorio.

15 de mayo de 2017

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda- acerca del lugar o recinto donde deben realizarse los exámenes médicos de los funcionarios públicos para determinar si tienen dependencia a sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) informó que convocó a licitación pública para contratar los servicios de aplicación y procesamiento de exámenes a los funcionarios públicos, para detectar el consumo de las sustancias o drogas de que se trata, los que comprenden la evaluación médica para determinar la existencia de dependencia.

Al respecto, el ente contralor recuerda que de acuerdo a la normativa aplicable, el control de consumo de las sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales será adjudicado a un laboratorio a través de un proceso de licitación pública, el que deberá encontrarse autorizado por la autoridad competente. Además, se señaló que la autoridad superior del órgano de la Administración del Estado deberá nombrar a un profesional de su dependencia, que tenga la calidad de funcionario público, para que actúe como encargado de relacionarse con el laboratorio adjudicatario.

Se agrega a continuación que la realización de los controles de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales será siempre de costo del actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para esto, indica que la Ley de Presupuestos ha asignado los recursos pertinentes a SENDA, servicio público descentralizado sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio de dicha secretaría de Estado, cuyo objeto es ejecutar las políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol, y de tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.

En este sentido, la Contraloría sostiene que SENDA es el encargado de apoyar técnica y financieramente a los órganos de la Administración del Estado en las diversas actividades vinculadas con la realización de exámenes médicos de los funcionarios públicos para determinar si tienen dependencia a sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales (aplica criterio contenido en el dictamen N° 5.732 de 2013).

Así, concluye el órgano contralor señalando que cada uno de los órganos de la Administración del Estado es responsable del control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales de los funcionarios públicos que dispone el artículo 55 bis de la ley N° 18.575, para lo cual el ordenamiento ha contemplado un sistema de control financiado con recursos de SENDA y la contratación por parte de éste, previa licitación pública, de los servicios de laboratorio, los que comprenden los exámenes médicos de quienes arrojen resultados positivos, para los fines de determinar si tienen dependencia.

 

 

Vea texto íntegro del dictamen N° 16.108 de 2017.

 

 

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