La Comisión de Derechos Humanos decidió invitar hoy al ministro de Defensa y al director general de Carabineros, luego de conocer cifras sobre personas fallecidas por la actuación de agentes del Estado, detenidas y lesionadas, entregadas por el INDH, la Defensoría de la Niñez y el Colegio Médico,
La idea de la cita es poder contrastar con las autoridades las cifras que maneja el Gobierno respecto de antecedentes conocidos por la instancia.
En su trabajo de análisis sobre la situación que vive el país, recibió al Colegio Médico que señaló que, en los últimos días, la red pública de salud atendió cerca de 1200 personas por lesiones, 10 de ellas en riesgo vital. A lo anterior se suman 120 denuncias graves de violaciones a los DD.HH. que ha recibido la entidad gremial y otras que han entregado los médicos de urgencia de los servicios de salud metropolitanos.
El detalle de las lesiones arroja las siguientes cifras: 51% producto del impacto de perdigones; 17% por armas de fuego; 10% por golpizas; 4% por impacto de lacrimógenas; 4% por traumatismo encéfalo craneano; y una cifra similar por otras causas, entre las que destacan traumas oculares graves.
“Saber cuántos casos están ocurriendo es muy importante, no solo para la comunidad, sino también para la comunidad médica que debe estar preparada para recibir una cantidad muy superior de pacientes de lo que está acostumbrada", señaló el encargado del Departamento de DD.HH. del Colegio Médico, Enrique Morales.
El profesional dijo que es absolutamente terrible constatar las cifras que manejan. "43 personas que han sufrido daños oculares severos, que han requerido cirugía la mayoría de ellos y que tienen pronóstico de pérdida visual en los ojos con secuelas permanentes. Eso es un daño que va a durar toda la vida. Por lo que es inaceptable que esto ocurra”, señaló.
En cuanto a la situación de niños, niñas y adolescentes, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz detalló que han verificado 215 detenciones, con 15 casos graves que han vulnerado su integridad física, producto de la violencia policial.
“Ejercicio de violencia policial que ha tenido afectaciones directas en su vida e integridad física, en términos de lesiones que se han producido por armamento, como también en contextos de situaciones de golpiza, que he explicitado en la Comisión a través de ciertos videos e imágenes que demuestran esta situación", precisó.
Indicó que han procurado que la información se entregue inmediatamente al INDH de maneta tal que se ejerzan las acciones judiciales que correspondan para que sean perseguidos debidamente estos actuares policiales que están fuera de todo marco de la legalidad y que, ciertamente, deben ser sancionados con mucha rigurosidad.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó cifras sobre las detenciones que ya superan las 2400, que incluyen cinco muertes causadas por agentes del Estado. También, las querellas que han presentado, en su mayoría, basadas en el uso excesivo de la fuerza.
Fernando Martínez, jefe regional de Valparaíso del INDH, puntualizó que les preocupa lo que ocurre con los menores de edad. “Parte importante de las personas que reciben lesiones producto de balines o perdigones son gente joven y, entre ellos, varios menores de 18 años. Estas circunstancias, de la naturaleza de quienes están heridos, la hemos constatado personalmente en la región de Valparaíso”, acotó.
Los dos organismos autónomos, Defensoría de la Niñez e INDH, insistieron en las dificultades que han enfrentado para realizar su labor, en cuanto a constatación de las denuncias. Junto al Colegio Médico, remarcaron que las fuerzas armadas y policiales no han actuado de acuerdo a los protocolos sobre el uso de armas disuasivas y letales, lo que ha provocado numerosas lesiones en los manifestantes.

Acuerdos

En línea con la información recibida, la Comisión acordó invitar al ministro de Defensa, Alberto Espina; y al general director de Carabineros, Mario Rozas, como explicó la diputada Hertz. “Hemos pedido invitar al ministro de Defensa, que es el jefe de las Fuerzas Militares, para que indique qué protocolos se están usando, por qué militares están a cargo de la seguridad ciudadana cuando no tienen entrenamiento alguno sobre esta situación”, indicó.
También acordaron solicitar que el ministro de Salud entregue a la Defensoría de la Niñez -que lo ha solicitado en reiteradas oportunidades-, la cifra de heridos que ingresan a los recintos hospitalarios. "Hasta la fecha, la Defensoría de la Niñez no ha podido conseguir la lista de niños, niñas y adolescentes heridos”, agregó.
Por su parte, el diputado Schalper manifestó que no existe justificación para violar los DD.HH. y que, de existir este tipo de casos, deben ser investigados por el Ministerio Público o la Fiscalía Militar.
“Evidentemente tenemos que preocuparnos que las fuerzas del orden y militares ejerzan su función con respeto a los DD.HH., pero también tenemos que ser muy rigurosos y criteriosos en ver cómo y en qué circunstancias se han visto afectadas por algún tipo de situación", planteó, reconociendo la distinción entre quien protesta pacíficamente y recibe un perdigonazo -en cuyo caso no hay justificación- , a una persona que está atentando contra un supermercado.
Además, el grupo parlamentario respaldó la petición opositora de pedir una medida cautelar de protección a la Comisión Interamericana de DD.HH. para los ciudadanos de las regiones en estado de emergencia; y solicitar a la Alta Comisionada de DD.HH. el envío de observadores internacionales, según explicó la presidenta de la Comisión, diputada Nuyado.
“Enviar Observadores internacionales o una misión a Chile dada la situación de vulneración de Derechos de las personas, y donde tenemos una cantidad importante de personas que han fallecido, otras que se encuentran heridas y otras que se encuentran desaparecidas. De esta manera, la Alta Comisionada ha enviado misión a otros países como Ecuador y Nicaragua y, por lo tanto, es necesario que esta se pueda realizar en nuestro país”, subrayó.
En la sesión, también participó Javier Mena, en representación de la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU, quien planteó la preocupación del organismo por los fallecidos, las muertes a manos de agentes del Estado, los detenidos durante el toque de queda y de quienes no se conoce su paradero, que podrían incluso constituir desaparición forzada.
Posterior a la sesión, la Cancillería informó que invitará a Chile al equipo de Bachelet y a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch.

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