En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $300.000.000 a la cónyuge e hijos de Isaías Higuera Zúñiga, funcionario de Gendarmería fusilado en el campo de prisioneros de Pisagua, en 1974.
Así, el Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda deducida en contra del fisco tras establecer que Higuera Zúñiga fue víctima de un crimen de lesa humanidad.
La sentencia de primera instancia sostiene que con el mérito de la copia de la sentencia criminal definitiva de primera instancia, dictada por doña Mónica Olivares Ojeda, Ministro en Visita Extraordinaria, en causa Rol 4-2013, copia de la sentencia dictada por la I.C.A. de Arica, en los autos Rol N° 7–2016 Crimen, confirmando la sentencia antedicha, con declaración de aumento de penas, y copia de la sentencia dictada por la E.C.S., en los autos Rol 27.627-2016, rechazando lo recursos de casación interpuestos por los condenados en contra de la sentencia de segunda instancia, unido a la copia del Informe Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el que consta la condición de víctima de violación a los Derechos Humanos de don Isaías Higuera Zúñiga, todos pormenorizados en el motivo que antecede, y además, no habiendo controvertido la demandada los hechos expuestos en el libelo pretensor, se concluye que son efectivos los hechos relatados en la demanda.
La resolución confirmada agrega que los demandantes sufrieron por parte de agentes del Estado, el homicidio de su cónyuge y padre, lo que implica un delito de lesa humanidad, que evidentemente causó trastornos psicológicos a los actores, tras ser privados sin justificación de crecer junto a su padre y de conocerlo -hijos de la víctima-, afectando su desarrollo.
Añade que además de que su cónyuge y demandante en autos, tuvo que asumir sola la crianza de los hijos en común, todo lo que sumado al dolor de la pérdida de don Isaías Higuera Zúñiga, generó perjuicios económicos en la familia, pues le fue muy difícil mantener económicamente a cinco hijos, lo que los afecta hasta la actualidad.
Por tanto, concluye que se acoge la demanda deducida, y se condena a la demandada a pagar a cada uno de los demandantes la suma de $50.000.000, monto reajustado conforme la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor, a contar de la notificación de la presente sentencia e intereses corrientes a contar de la ejecutoria, ambos accesorios hasta el pago efectivo.
Vea textos íntegros de la sentencia rol 13.950-2018 de la Corte de Santiago y de primera instancia
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