La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público (ULDECCO), lanzaron la Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes, dirigida especialmente a fiscales y policías especializados, a cargo de la investigación de este tipo de ilícitos.
El evento se realizó en el Auditorio del Ministerio Público, y a él asistieron autoridades del Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, directores de Unidades de la Fiscalía de Chile, representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y del sector privado.
La Guía tiene como principal objetivo establecer una metodología y sistematización respecto de los pasos a seguir para desarrollar una investigación patrimonial adecuada, dando cumplimiento irrestricto a los estándares internacionales y la normativa vigente.
Así, la Guía se posiciona como una herramienta eficiente para la indagación y persecución penal, al orientar y planificar el trabajo de los investigadores, sobre todo respecto de actuaciones en terreno e interrogatorios; justificar la imputación penal; conocer financieramente a una persona natural y/o jurídica, así como su participación en sociedades; revelar los nexos y seguir los flujos financieros; e identificar los movimientos internacionales de fondos y las técnicas de ocultamiento, entre otros.
“Para combatir efectivamente el lavado de activos, así como sus delitos base y el financiamiento del terrorismo, necesitamos que los condenados con penas privativas de libertad, también sean privados de todas las ganancias obtenidas en sus actividades ilícitas. Para ello, es imprescindible que los fiscales y policías compartan las mismas buenas prácticas de investigación financiera, de modo que  puedan llegar a identificar patrimonios ilegítimos para su posterior incautación, decomiso y, ojalá, reintegro a sus verdaderos dueños y al Estado”, expresó el director de la UAF, Javier Cruz.
Apuntó que, en este contexto, la Guía debiera ser “un documento fundamental de consulta para todos los equipos investigativos, policiales y fiscales, pero también para las demás entidades gubernamentales que realizan, o debieran realizar, investigación patrimonial”.
Por su parte, el director de la ULDDECO, Mauricio Fernández, precisó que “resulta fundamental entender la investigación patrimonial como una técnica de investigación, que pueda ser utilizada por los diversos operadores del sistema preventivo y sancionatorio, entregando una perspectiva económica de determinados hechos, operaciones o transacciones que van a complementar la indagación que se esté desarrollando”.
Agregó que, frecuentemente, a través de la investigación patrimonial “se van encontrando los indicios que resultan necesarios para establecer algunas organizaciones criminales, como también para acreditar que los imputados no poseen una actividad lícita que les permita justificar su incremento patrimonial”.
La Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes fue elaborada por la UAF, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con la colaboración de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en el marco del trabajo de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en el cual participan 20 organismos públicos, y cuyo Plan de Acción tiene por objetivo fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la UAF.
La Guía reúne las distintas fuentes de información disponibles (abiertas o cerradas) para poder rastrear los bienes que posea o controle un imputado, sus sociedades y personas asociadas; orienta sobre las medidas que pueden evitar que los imputados o sus cómplices sigan disponiendo de los bienes identificados, o bien, destruirlos u ocultarlos (incautación, medidas cautelares reales o de protección); y señala cómo proceder para retirar los bienes del patrimonio de un condenado y reintegrarlos al patrimonio estatal, producto de su comiso.
Se espera que con el uso adecuado de esta Guía se puedan detectar maniobras de lavado de activos o tipologías más habituales; identificar bienes que permitan desmantelar económicamente a los criminales; y lograr más y mejores condenas por el delito de lavado de activos.
Cabe destacar que, a diciembre de 2017, los Tribunales de Justicia chilenos han dictado 91 sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos, que involucran a 176 personas condenadas.

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