Integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado revisaron el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional.
A la instancia asistió el secretario de la cartera, Alberto Espina, quien explicó los alcances de la indicación presentada por el Ejecutivo a la propuesta que fue presentada en la primera administración de Sebastián Piñera.

TRANSPARENCIA

El presidente de la instancia, el senador Bianchi comentó que “en la próxima sesión vamos a votar esta indicación pero queremos la próxima semana escuchar a diversos actores involucrados en dos sesiones. Queremos escuchar a gente de las Fuerzas Armadas, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), la Contraloría y la Dirección de Presupuestos (Dipres)”.
Con respecto al contenido de la propuesta, el legislador consideró que “el proyecto es altamente positivo porque transparenta la información. Es positivo que se haga una rendición periódica al Congreso que es lo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo”.
Luego, el senador Elizalde dijo que “hace muchos años pedimos que la ley dejara de ser reservada y eso se materializó el 2016. No había sido posible avanzar en esta materia porque se requiere el apoyo de los cuatro séptimos de ambas cámaras. Nos parece positivo que ahora, se haya generado un consenso a nivel nacional respecto a esta derogación”.

ADQUISICIONES

El senador Pugh espera “tener una ley estable y segura y que garantice la compra de los activos. Esta ley se refiere a lo que se adquiere en el exterior. El 85% de lo que se compra se discute en la ley de presupuesto que pasa por este Congreso. Lo que nos faltaba era regular esta diferencia y a eso es lo que apunta esta ley”.
Enseguida, el parlamentario Allamand aseguró que “lo que se hace es establecer un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Este es un cambio que se produjo casi ya una década porque el proyecto se presentó durante el primer gobierno del presidente Piñera y se estancó en la administración anterior. Por lo tanto, acá hay una convicción de larga data de que es necesario derogar la ley reservada del cobre”.
A su vez, el senador Pérez Varela planteó que “el presidente Piñera se hace cargo de los temas importante para el país. Que el financiamiento de las Fuerzas Armadas sea asegurado, que el Congreso tenga un control democrático y se garanticen las capacidades de estas fuerzas es muy importante. Si seguimos con este trabajo de diálogo vamos a tener una ley estable, segura y transparente”.

SOBRE EL PROYECTO

Los cambios que plantea la indicación al proyecto que establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, son diversos. Entre estos reemplaza la estrategia nacional de seguridad y defensa como criterio orientador de las capacidades estratégicas de la defensa nacional por la planificación del desarrollo de la fuerza.
Se deroga la Ley Reservada del Cobre, pero sigue subsistente en lo relativo al impuesto del 10% a beneficio fiscal por un período de doce años. Elimina el fondo reservado del cobre. Los montos de dicho fondo irán a parar principalmente al presupuesto plurianual que propone la nueva ley, y en menor medida, al nuevo fondo de contingencia estratégico. Los recursos remanentes en las cuentas de esta ley serán incorporados al fondo de estabilización económica y social, establecidos en la Ley 20.128.
El fondo plurianual de capacidades estratégicas de la defensa tiene por finalidad financiar la inversión en material bélico e infraestructura asociada y sus gastos de sostenimiento, en base a un programa de financiamiento de inversiones a cuatro años, que permita materializar la planificación del desarrollo de la fuerza.
Se busca cambiar la base sobre la cual se calcula la asignación mínima del fondo plurianual de capacidades estratégicas de la defensa. El proyecto aprobado actualmente en el Congreso establece como asignación mínima para cada año un presupuesto no inferior al 70% del monto promedio de los gastos en operación, sostenimiento e inversión de material bélico.
La nueva indicación reemplaza esa base de cálculo, señalando que ella corresponderá al monto promedio de los gastos en operación, sostenimiento e inversión en material bélico en el periodo comprendido entre 2010 y 2017, el que será establecido por Decreto Supremo.

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