En un reciente informe titulado “Revitalizando la inversión”, el Instituto Liberad y Desarrollo sostiene que estimaciones del año 2013 situaban el crecimiento tendencial de la economía chilena en torno a 5% anual.
Sin embargo, añade, desde 2014 en adelante, cada nueva estimación realizada por la autoridad fiscal sobre la base de los insumos entregados por los Expertos del Comité Consultivo del PIB Tendencial, fue reflejando una menor capacidad productiva de la economía. En efecto, continúa LyD, ésta llegó a ubicarse en un 2,6% para el 2018, y con una tendencia levemente creciente hasta llegar a 3,0% en 2022, lejos del 5% estimado hace unos años, y más lejos aún del 7% de principios de los 90.
Como la literatura económica muestra, se afirma en el texto, lo relevante del crecimiento es el impacto positivo que tiene en la creación de empleo y, en consecuencia, en la reducción de la pobreza. En particular, se ha estimado que un punto porcentual de crecimiento reduciría en torno a 3,5 puntos la tasa de pobreza del país. Una de las variables fundamentales para el crecimiento de largo plazo, y consecuente nivel de desarrollo, está en la capacidad de la economía de acumular capital a través de la inversión. Sin aumento de capital de la economía, no hay aumento de la capacidad productiva.

ROL DE LA INVERSIÓN

LyD comenta que en los últimos cuatro años (2014-2017) se ha observado un crecimiento negativo de la inversión en Chile, explicado principalmente por las decisiones de invertir del sector empresarial, principal determinante de la inversión en Chile. El aporte de la inversión del Gobierno, en tanto, ha sido acotado considerando que presenta una baja participación del PIB (algo de más del 2% del PIB).
Actualmente, indica, hay una cartera de proyectos privados de inversión evaluados en torno a US$ 35,5 mil millones para el período 2017-21. Sin embargo, y como punto de referencia, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) estimó que a fines de 2016 había 43 iniciativas de inversión valoradas en US$ 57.870 millones, para el quinquenio 2017-21, que se encontraban detenidas por distintos motivos, entre los que se encuentran trabas regulatorias, procedimientos burocráticos, aumento de la judicialización, etc.
Adicionalmente, arguye LyD, aun cuando Chile continúa posicionándose como uno de los primeros de la región en términos de distintos rankings internacionales relacionados con el desarrollo, hemos ido alejándonos sostenidamente de los máximos alcanzados alguna vez por nuestra economía. En particular, esto se observa claramente con el retroceso de 11 puestos en los últimos 15 años en el ranking de competitividad global (WEF) o en el alejamiento en los últimos años de la “frontera”, la cual representa el mejor desempeño observado en todas las economías de la muestra captado por el indicador Doing Business (Banco Mundial). Parte de estos retrocesos en los rankings se explica por la promoción e implementación de medidas internas erradas y también por el avance más acelerado de otros países producto de la implementación de políticas más adecuadas.
Luego se explica que a pesar que las causas de esta menor inversión así como la pérdida de posición relativa a nivel internacional pueden ser variadas, lo cierto es que la abundancia de trabas regulatorias, procedimientos burocráticos, incertidumbre jurídica y el aumento de la judicialización generan efectos negativos en la inversión. Esto porque se traducen en pérdidas innecesarias de tiempo y recursos; en barreras a la entrada a emprendedores y a aquellos que buscan desarrollar sus potencialidades productivas, todo lo cual confluye en la disminución de proyectos para realizarse en Chile. En este contexto, claramente la modernización del Estado es fundamental para revertir estas tendencias. En particular, la administración pública debe cumplir sus objetivos, pero con eficiencia, esto es, al menor costo posible para la sociedad.

ELIMINACIÓN DE TRABAS REGULATORIAS: PRIMER PASO DE LA AGENDA PRO INVERSIÓN

LyD señala que en ese contexto, y con miras a retomar la senda del crecimiento es que el Gobierno decidió impulsar una Agenda Pro Inversión. Esta Agenda, detalla, comprende varios elementos, iv uno de los cuales es el proyecto de ley “pro inversión” que perfecciona diversos textos legales para promover la inversión, y que ha ingresado a trámite legislativo en el Congreso Nacional. Los objetivos específicos del proyecto son: a) disminuir los plazos de tramitación reduciendo los costos asociados, b) eliminar la incertidumbre jurídica, y c) mejorar la información disponible para los inversionistas mineros. Las modificaciones propuestas buscan simplificar procedimientos, eliminando requisitos innecesarios o duplicidad de los mismos, así como poner a disposición de los inversionistas sistemas o plataformas digitales para recibir y tramitar permisos, entre otros, permitiendo asimismo la externalización de determinados servicios que hoy deben proveer organismos públicos a fin de reducir los tiempos de tramitación de los proyectos hasta su puesta en marcha. Asimismo, se busca evitar las interpretaciones ambiguas y reducir los espacios de discrecionalidad. Sólo para dar algunos ejemplos de las modificaciones introducidas: i) se reforzará al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental como “ventanilla única”, reduciendo burocracia y plazos de tramitación; ii) se eliminará la incerteza jurídica respecto del plazo de vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental, regulando desde cuándo deben computarse los plazos; iii) se permitirá al Servicio Nacional de Geología y Minería utilizar como fuente de su catastro de concesiones mineras, las publicaciones del Boletín Oficial de Minería; iv) se adaptará la normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para contar con una plataforma digital que permita la tramitación electrónica de anteproyectos y permisos de edificación, y hacer públicas las resoluciones que aprueban los anteproyectos; v) se podrá recibir y tramitar digitalmente las presentaciones que reciba la Dirección General de Aguas relacionadas con la adquisición o ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas; vi) se permitirá la externalización del trámite de recepción de obras hidráulicas, a través de revisores externos inscritos en la Dirección General de Aguas; y vii) se permitirá la celebración de convenios interadministrativos entre todos los órganos del Estado, permitiendo que empresas públicas y municipios puedan sustituir funciones materiales de otros servicios públicos, entre otras modificaciones.
Por último, concluye que es un hecho que las trabas regulatorias, los procedimientos burocráticos y la incertidumbre jurídica generan efectos negativos en la inversión. De este modo, las modificaciones anunciadas en el marco del proyecto de ley antes comentado, que procuran simplificar los procesos y plazos de tramitación de los proyectos de inversión y eliminar la incertidumbre jurídica, son un buen comienzo. Lo anterior, sin perjuicio de otras iniciativas más sustantivas que entendemos están siendo consideradas por el Gobierno para fortalecer la inversión, competitividad y productividad de nuestra economía.

Vea texto íntegro del documento

RELACIONADOS
*CIDH solicita a los Estados mejorar la inversión en la infancia…
*Analizan proyecto que busca administración de activos o inversiones en el extranjero para autoridades…