Recientemente, Corporación Humanas junto a la Mesa Acción por el Aborto en Chile, en compañía de organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos y de la sociedad civil requirieron a la Contraloría General de la República que ejerza su facultad dictaminadora y ordene al Ministerio de Salud dejar sin efecto la resolución que regula la objeción de conciencia, por cuanto obstaculizaría el ejercicio de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, no garantizando el acceso a prestaciones de salud, entre otros vicios de legalidad.
Al efecto, caber recordar que la Ley 20.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que entró en vigencia en septiembre de 2017 mandataba a un protocolo regular la objeción de conciencia, individual e institucional. El 26 de febrero de este año se dictó la resolución n°61 que regulaba la objeción de conciencia, siendo esta modificada por el nuevo Gobierno el 23 de marzo pasado, por la resolución 432 del Ministerio de Salud.
Carolina Carrera, presidenta de Corporación Humanas, sostuvo que “lo que estamos denunciando son la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres y argumentamos con todo lo que dice relación con estándares internacionales de derechos humanos y también constituye una media de presión para que el contralor se pronuncie y que no podemos seguir en este país haciendo, vía reglamentaria, cambios respecto de legislaciones que ha sido fruto un arduo trabajo del movimiento de mujeres y feminista en Chile”.
Por su parte, Macarena Castañeda, vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, manifestó que “la objeción de conciencia institucional no solo se ha vuelto la principal barrera de acceso al aborto legal, sino que también en una excusa para imponer principios morales sobre mujeres y profesionales de la salud, obstruyendo el legítimo derecho a decidir de las mujeres y criminalizando a quienes lo defienden. No podemos permitir que de manera antidemocrática se pase por encima de un acuerdo político y social que tomo años definir, dándole más derechos a las instituciones que a las persona”.
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