En una reciente publicación se da a conocer el artículo “Capitalización de TVN: operación de salvataje”.
En el documento se recuerda que para el 7 de noviembre se aplazó la votación del proyecto de ley que permite la capitalización de Televisión Nacional de Chile (TVN) por US$ 65 millones.
A continuación, se detalla que estos cuantiosos recursos serían supuestamente ocupados para el financiamiento del equipamiento tecnológico de la empresa pública (US$ 47 millones) y para la instalación de una nueva señal cultural y educativa (US$ 18 millones); e incorpora una serie de cambios en el Gobierno corporativo y en el acceso al financiamiento.
Luego, se arguye que desde el comienzo de la tramitación del proyecto de ley, y en el último tiempo, se han levantado serias interrogantes sobre la conveniencia de aprobar o no esta mayor capitalización, ya que aunque las motivaciones para los cuestionamientos varían, merece una evaluación más profunda el que se destinen recursos a un canal con importantes pérdidas financieras y un cuestionado rol público.
Enseguida, el documento explica que el proyecto de ley establece una misión pública de TVN, entendiéndose como la promoción y difusión de los valores democráticos, los derechos humanos, la cultura, la educación, la participación ciudadana, la identidad nacional, regional y/o local, la multiculturalidad, el respeto y cuidado del medioambiente, la tolerancia y la diversidad. Lo anterior se suma a los fines de pluralismo y objetividad que establece la ley vigente y que debiera manifestarse en toda la programación, con especial atención en noticieros, programas de análisis o debate político.
En esta línea, se plantea que es un desafío establecer criterios objetivos que garanticen el cumplimiento de los fines antes señalados, evitando que sean meras buenas intenciones. El proyecto de ley crea para ello un “Compromiso para el cumplimiento de la Misión Pública” el cual contendrá las orientaciones de la programación sujetas a aprobación del directorio del canal y revisadas cada quinquenio.
Si bien, se dice, el documento tendrá carácter público, y su avance deberá ser expuesto anualmente ante el Senado, se cuestiona su utilidad real, ya que no presenta mayores mecanismos de contención, ni mediciones que demuestren la inexistencia de influencias externas.
Asimismo, se expone que asegurar la existencia de autonomía informativa e independencia de TVN respecto del Gobierno de turno, manteniendo la propiedad en manos del Estado es difícil. La estructura de administración actual (en que los miembros del directorio son nombrados con alta injerencia del Ejecutivo) pareciera no ser condición suficiente para garantizar autonomía, más aún considerando la alta penetración de este medio de comunicación.
También, se sostiene que TVN ha experimentado una disminución en el rating, en tanto que las demandas por mejor televisión están siendo crecientemente cubiertas por canales abiertos privados y por opciones alternativas.
En respuesta a la demanda insatisfecha, se menciona el avance de la televisión pagada, el cual de acuerdo a la última ENT, llegaba a un 76% de la población, alcanzando una alta penetración incluso en sectores vulnerables (71% en segmento D y superando la mitad de la población en el segmento E). Ello hace más cuestionable que el medio de difusión relevante del futuro siga siendo la televisión abierta.
Además, se afirma que el presidente del Directorio es elegido exclusivamente por el Presidente de la República, 3 directores serán ratificados por el Senado, que a su vez provendrán de ternas formuladas para cada cargo, propuestas al Presidente de la República por el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) y 3 directores ratificados por el Senado, propuestos directamente por el Presidente de la República. Por lo que, se plantea que resulta confusa una eventual autonomía frente al Gobierno con mecanismos de elección de directorio como éste, pues el Gobierno parece tener un control desmedido sobre él. A su vez,  en el directorio incorpora además un representante de los trabajadores, quien ejercerá derecho a voz. Si bien se identifica una señal positiva al intentar incluir a los trabajadores en el desarrollo de la empresa, cabe preguntarse por qué no hacerlo mediante los canales de comunicación tradicionales como son los sindicatos.
A su vez, se dice que se incentiva a la creación de filiales de TVN a fin de que el canal logre transformarse en un consorcio de medios de televisión, radio o digitales, y otros. En consecuencia, se entregan facultades a TVN para crear un canal cultural y educativo gratuito, de libre recepción, sin publicidad (y, por ende, sin financiamiento autónomo), administrado a través de una filial de completa propiedad de TVN. Se busca, finalmente, que el Estado por vía presupuestaria pueda hacer aportes regulares. Al agregar una filial más, no solo se profundiza el problema existente de financiamiento, sino que además aumentan los recursos que deberá aportar el fisco, a costa de las contribuciones de todos los chilenos.
A ello, se asevera en el documento, se suma una legítima duda respecto de si los recursos públicos solicitados resultarán suficientes, particularmente cuando se trata de financiar un canal cultural que realmente esté a la altura de la misión encomendada. Por tanto, esto parece más bien crear el precedente de una futura secuencia de aportes fiscales.
Por todo lo anterior, se cuestiona la conveniencia de seguir invirtiendo en una empresa que ha demostrado ser ineficiente: muestra pérdidas significativas año a año y hoy ya alcanza niveles cercanos a los $ 14 mil millones. La carga fiscal ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que exige una evaluación más certera sobre la conveniencia de sostener o no este tipo de proyectos.
En este contexto, se proponen dos caminos: o se hace una cirugía mayor a la gestión del canal estatal para asegurar que el desfinanciamiento quede superado definitivamente con el nuevo aporte, o bien habría que revisar el sentido de tener un canal estatal que crea una permanente fuga de recursos públicos.
Se concluye que habiendo tantas otras necesidades aún insatisfechas, podría legítimamente cuestionarse si esos recursos no podrían ser mejor asignados. Fuente: www.lyd.cl

Vea texto íntegro del documento

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