Recientemente, Adolfo Paúl Latorre ha publicado la primera edición del libro “PREVARICATO. Análisis crítico de procesos judiciales contra militares que debieron afrontar la violencia revolucionaria”: libro que puede ser considerado como la tercera parte de una trilogía de obras del autor sobre el tema de la política, las Fuerzas Armadas y los procesos judiciales sustanciados contra militares carabineros y policías.
Cabe recordar que en su primera obra el autor, junto con analizar las características y misiones de las FF.AA., se refiere al objetivo perseguido por un importante sector de la clase política chilena: contar con unos institutos armados absolutamente sometidos y reducidos a la condición de instrumentos ciegos en manos de quien tenga el poder, mientras que en su segunda obra, Paúl Latorre expresa que uno de los aspectos que actualmente atenta contra la sana convivencia y que contribuye a mantener y a fomentar las divisiones, odios y antagonismos en la sociedad chilena, es el tratamiento judicial que se le ha dado al tema de los delitos cometidos por algunos miembros de los organismos de seguridad del gobierno militar: se callarían las causas que condujeron al desquiciamiento de nuestra sociedad y quienes fueron sus responsables, y se omite señalar que se trataba de reprimir a organizaciones guerrilleras y terroristas que llevaban a cabo una cruenta guerra subversiva.
En la presente obra, el autor profundiza en este último tema y, luego de un análisis crítico de los procesos judiciales en las causas denominadas “de derechos humanos”, concluye manifestando que en los referidos procesos los jueces, salvo contadas excepciones, aplican torcidamente las normas jurídicas y fallan a sabiendas contra leyes expresas y vigentes.
Resulta absolutamente inaceptable —expone en su estilo Adolfo Paúl— que el Poder Judicial, protector por antonomasia de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sea quien vulnere los derechos humanos de los militares. Nada puede haber más frustrante para ellos que el avasallamiento de sus derechos por parte de las instituciones llamadas a garantizarlos.
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