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Tras su tercer trámite.

Rechazan modificaciones introducidas a proyecto que establece nuevas obligaciones a los proveedores de crédito y a empresas de cobranza extrajudicial.

La Comisión de Economía recomendará a la Sala el rechazo a los cambios que introdujo la Cámara al proyecto, de modo que, el texto sea analizado en una eventual Comisión Mixta.

25 de julio de 2017

La Comisión de Economía del Senado rechazó las modificaciones introducidas al proyecto que modifica el artículo 37 de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, a fin de establecer nuevas obligaciones a los proveedores de crédito y a las empresas de cobranza extrajudicial, durante su trámite en la Cámara de Diputados.
El senador Tuma, presidente de la instancia,  aseveró que la iniciativa, que  tuvo su origen en una moción que presentó junto a sus pares  Guillier y Ossandón apunta a establecer la obligación de informar por escrito al deudor, de los derechos que le asisten en un procedimiento extrajudicial de cobro.
Enseguida, el parlamentario sostuvo que “la Comisión conoció las enmiendas introducidas por la Cámara durante el segundo trámite constitucional y acordó rechazar la totalidad de ellas a la Sala, puesto que discrepamos de la forma en que resolvió la Cámara Baja y por eso propondremos perfeccionar el texto legal en una Comisión Mixta”.
Luego añadió  que se trata de una iniciativa que limita las condiciones que ejercen las empresas de cobranza extrajudicial para dar garantías a los usuarios de modo que no se abuse en los procesos de cobranza.
Por otro lado, la Comisión de Economía continuó con el análisis del proyecto que modifica la ley N° 20.009 que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de créditos por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en caso de uso fraudulento de estos.
El senador Tuma señaló que la Comisión escuchó las exposiciones en relación al proyecto de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF); de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF); y de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS).
Cabe recordar que la iniciativa, en primer trámite, tuvo su origen en una moción de los senadores Tuma,  Pérez San Martín y  Ossandón, cuyo objetivo es regular y acotar la responsabilidad que tienen los usuarios de las tarjetas en relación con los bancos.
“Queremos acotar aún más la responsabilidad del usuario y que sea el banco o institución financiera la que se haga cargo de las pérdidas y que restituya los bienes a las tarjetas o cuentas corrientes”, dijo el senador Tuma.

 

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

 

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