La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala el proyecto que regula las entrevistas videograbadas para menores víctimas de delitos, principalmente de carácter sexual.
El objetivo del proyecto, que pasó ahora a consideración de la Sala, es evitar la doble victimización de los niños, compatibilizando el interés superior de los menores con dar eficiencia al sistema judicial, para determinar responsabilidades, así como resguardar también el derecho de los imputados.
En esta línea, el diputado Schilling explicó que la iniciativa tiene como principal propósito resguardar el interés de los menores que han sido víctimas de una agresión y que participan en un proceso penal, especificando que “se trata de establecer una limitación en la situación a los niños, para lo cual se privilegia, uno, el que den su testimonio en la fase indagatoria una sola vez, mediante un sistema de videograbación, acompañado de un especialista en el tratamiento de niños; y, en el juicio mismo, una segunda vez, permitiendo por el sistema de la videograbación, cada vez que las partes estimen necesario consultar el testimonio del niño, que esto se haga en la videograbación y no sometiendo de nuevo al choque emocional al niño de interrogarlo una y otra vez, todas las veces que las partes lo estimen necesario”.
Enseguida, el legislador reconoció que la discusión no fue sencilla porque fue necesario conciliar distintos derechos. Cabe recordar que en la anterior sesión de la Comisión de Hacienda, el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, Ignacio Castillo, observó que el proyecto considera el tratamiento de un tema complejo que implica compatibilizar el interés superior del niño, dar eficiencia al sistema, para determinar responsabilidades, y resguardar el derecho del imputado.
Por su parte, el diputado Santana planteó que “revisamos cuánto significa implementar todo el proceso de los videotestimonios. Obviamente, está focalizado a niños que pueden ser víctimas o testigos. Yo creo que es un avance, un avance en poder, entre otras cosas, aumentar las denuncias de estos delitos y, como bien se indicó, donde un importante número pertenece a violencia sexual infantil y donde, muchas veces, estos delitos no son sancionados por el temor a denunciar y donde se exponen a los niños a ser, entrecomillas, nuevamente víctimas a interrogatorios que no necesariamente le dan la confidencialidad que se requiere en estos casos”.
Sin embargo, agregó que mantienen algunos reparos con la priorización que ha hecho el Gobierno para la implementación del sistema, ya que se dejó para el final regiones que presentan una mayor recurrencia de casos, dada su mayor población.

Implementación, financiamiento y entrevistas

De acuerdo a los parlamentarios, el proyecto, que ya cuenta con informe favorable de la Comisión de Constitución, donde se promovieron perfeccionamientos al texto aprobado por el Senado, efectivamente contempla una entrada en vigencia gradual, cuya primera etapa será a los seis meses después de publicada la ley y comprenderá las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, El Maule, Aysén y Magallanes.
A continuación, señalan que la segunda etapa considera una entrada en vigencia a los 18 meses después de publicada la ley que comprenderá las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, y finalmente, una tercera etapa, aplicable a los 30 meses de publicada la ley, que incluirá a las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Los Lagos y Metropolitana.
Para los efectos de la implementación del sistema, agregan, la formación de los entrevistadores que habrán de disponer la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, y la construcción de salas de toma de entrevistas investigativas y de declaración judicial, como también para dar inicio al proceso de acreditación, la ley entrará en vigencia en la fecha de su publicación.
Luego exponen que el mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a las partidas respectivas y, en lo que falte, con cargo a los recursos de la partida del Tesoro Público.
Los legisladores detallan que la implementación contempla un costo de 168 millones de pesos para la contratación de personal y 149 millones de pesos para bienes y consumo. Para la instalación de las salas, tanto en el Ministerio Público como en tribunales, se contempla la suma de 880 millones de pesos.
Finalmente, ahondan en los dos tipos de entrevistas, explicando que la primera, denominada investigativa, será hecha por personas entrenadas y certificadas por el Ministerio de Justicia. Se desarrollará en una Sala especialmente adecuada, con circuito de cámara, sin vidrios, con una sala adyacente donde puede estar el fiscal, pudiendo formular preguntas por intermedio del entrevistador; y la segunda entrevista será en sede judicial. En este caso el menor estará en una sala contigua al tribunal, con un perito entrevistador, el cual le transmitirá las preguntas al menor, proveniente de los intervinientes en el proceso, en un contexto más acogedor para el menor.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis

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