El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), en su sección Temas Públicos, publicó el documento “Conaf Pública: Una nueva institucionalidad forestal”.
El texto recuerda que en marzo de este año el Gobierno ingresó a trámite legislativo el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), una nueva institucionalidad para la ya existente Corporación Nacional Forestal (CONAF).
LyD sostiene que si bien el proyecto tuvo relación con la catástrofe que significaron los incendios forestales en el verano, la principal razón detrás de esta iniciativa tiene que ver con la naturaleza jurídica de esta institución.
CONAF fue creada en 1970 y desde aquella época, su institucionalidad causa controversia, razón por la cual en 1984 se publicó la Ley N° 18.348 que creaba la “Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Renovables”, como una institución autónoma del Estado.
Sin embargo, dicha Ley no ha entrado en vigencia, pues no se dictó el Decreto Supremo a través del cual debía disolverse CONAF.
Explica LyD que con el objeto de resolver este problema, en el año 2011 la administración del Presidente Piñera presentó una propuesta de una nueva CONAF al Congreso. Este proyecto no prosperó y fue rechazado en su votación general por discusiones en torno a las remuneraciones de los trabajadores y críticas a la administración de las áreas silvestres protegidas, indica el Instituto.
A continuación, arguye que en cuanto a la organización del servicio, la iniciativa ingresada este año no presenta mayor novedad respecto de aquella presentada en 2011, por lo que podría verse entrabada en los mismos aspectos.
De acuerdo al Instituto en términos de atribuciones es donde se encuentra el eje más relevante de la iniciativa, y dada la premura en legislar ante el contexto de los incendios, la preocupación es mayor. Esto, en atención a las funciones que tendrá el SERNAFOR en relación a aquellas que hoy ejecuta CONAF y las que se le dan en materia de protección contra incendios.
A juicio de LyD, el proyecto que crea el SERNAFOR no puede analizarse aisladamente, pues debe revisarse de la mano del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SBAP).
Enseguida advierte que al revisar las competencias que se contemplan tanto en el SERNAFOR como en el SBAP, se reconocen problemas de contraposición entre las respectivas funciones.
Por ello, propone contar con una necesaria regulación en materia forestal, la que reconociendo la actual labor de CONAF, debe igualmente propender a generar incentivos en el área productiva y a lograr una mayor coordinación entre los servicios e instituciones que tienen competencia en emergencias.
Luego, afirma que dado que actualmente se ha estado discutiendo en paralelo el proyecto de ley que crea el SBAP, la manera en la que estos dos servicios conversen y cómo se distribuyan funciones adquiere gran relevancia.
La clave, según LyD, está en compatibilizar las funciones de fomento y protección que éste debe llevar a cabo, con miras a una mejor gestión, debidamente separado de los requerimientos de protección ambiental necesarios en áreas específicas.
Asimismo, advierte, que hacer público este Servicio no garantiza una mayor eficacia para actuar frente a catástrofes como son los incendios forestales.
Por lo dicho, LyD concluye indicando que una correcta regulación en la materia debiese avanzar en coordinación entre instituciones y la entrega de herramientas para elaborar un plan nacional de protección contra incendios forestales, pero también e igual de relevante, su prevención, donde debe considerarse la importancia de educar a la población en el uso del fuego.
Vea texto íntegro del documento.
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