El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), en su sección Temas Públicos, publicó el documento “Una improvisada elección de Gobernadores regionales”.
El texto recuerda que el Ejecutivo, a propósito de su agenda de descentralización, presentó al Congreso el pasado 17 de abril un proyecto de ley orgánica constitucional que regula la elección de los gobernadores regionales. Durante las últimas semanas se dio gran celeridad a su tramitación, alcanzando recientemente su aprobación en general por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, indica.
Sin embargo, advierte LyD, las diferencias al interior de la Nueva Mayoría han puesto en jaque el futuro de esta iniciativa.
A juicio de éste, las dudas que deja este proyecto son múltiples: ¿Cuál es la estructura de Gobierno que se quiere implementar? ¿Queremos una estructura de gobierno de tres niveles – central, intermedio y local- como los gobiernos federales o bien los que han regionalizado como España e Italia? ¿O buscamos una estructura de dos niveles de Gobierno -central y local- como buena parte de los países unitarios descentralizados, donde los municipios y Gobiernos regionales coexisten en forma paralela, pero con ámbitos de acción claramente diferenciados? ¿Queremos tener servicios públicos regionales? ¿Queremos que diseñen y ejecuten las políticas públicas en sus regiones? ¿O bien que sólo ejecuten los programas definidos centralmente? ¿Vamos a traspasar a los actuales funcionarios que dependen del Gobierno central a las regiones o vamos a continuar con la engorda de la burocracia estatal multiplicándola en cada una de las 15 regiones?
A continuación el texto plantea que  en términos generales este nuevo proyecto, que se inserta en la agenda de descentralización del Ejecutivo, apunta únicamente a lo referente a la elección de estas nuevas autoridades.
No responde, de acuerdo a LyD, en absoluto al diseño institucional en materia de niveles de poder que debe darse a la administración pública con una correcta transferencia de reales competencias, recursos, personal capacitado y una adecuada coordinación y eficacia que contribuyan a generar condiciones para alcanzar un Estado más moderno y eficiente.
Asimismo, se sostiene que acogiendo la crítica proveniente desde distintos sectores políticos en cuanto a la inconveniencia de contar con Gobernadores Regionales electos si estos no tienen poder real y autonomía respecto del gobierno central, el Gobierno ha empujado la reforma que habla de “transferencia de competencias”.
Sin embargo, advierte, este proyecto de ley en la práctica no generará ningún cambio en materia de gestión real y autonomía por parte de las regiones. Esto, porque si bien le otorga nuevas funciones a los gobiernos regionales, las mismas continuarán radicadas en las distintas reparticiones del gobierno central. El Gobierno central mantiene la capacidad humana para implementarlas y los recursos financieros para su ejecución, agrega.
Además, el texto expone que al modificar las disposiciones relativas al plazo en que los candidatos deben renunciar a ciertos cargos políticos, se generan ventajas electorales para aquellos candidatos que ostenten cargos de autoridad, bien sea a nivel regional o nacional, y que en su mayoría corresponden a sectores de la coalición oficialista. 
Así, esta norma que busca incentivar que el Congreso Nacional entregue celeridad a los proyectos de ley en actual tramitación, puede ser utilizada con fines de intervencionismo electoral por parte de estas autoridades que pretenden ser candidatos.
De ese modo, LyD concluye indicando que contar con autoridades regionales electas sin haber tenido previamente un proceso de descentralización real del Estado -que no sólo implique elección directa de autoridades, sino que transferencia de competencias reales, personal capacitado y recursos apropiados- podría llevarnos a una situación de entrampamiento, más si los gobernadores regionales electos son de un color distinto al gobierno central.

Vea texto íntegro del documento.

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