Luego de que la Comisión de Constitución despachara  el proyecto sobre fortalecimiento de la regionalización del país, rechazando los cambios introducidos por la Cámara Baja y recomendando  a la Sala hacer lo mismo, se generó un amplio debate entre los senadores quienes expresaron sus distintas posturas en cuanto a la necesidad de compatibilizar una adecuada y efectiva descentralización y regionalización con la elección directa de las autoridades regionales.
Cabe recordar que  previamente  la Comisión de Gobierno había tomado una decisión similar a la de Constitución que señala que la iniciativa no contribuye a mejorar la situación de las regiones.
El objetivo del proyecto, que se encuentra en tercer trámite, es posibilitar el proceso de traspaso de competencias para concretar la descentralización administrativa del país, para que una serie de decisiones que hoy dependen del Gobierno central sean adoptadas y asumidas por los Gobiernos regionales.
El senador Felipe Harboe, de la Comisión de Constitución, sostuvo que “los cambios que hizo la Cámara de Diputados son altamente inconvenientes ya que en la práctica no hay una transferencia de competencias, hay una delegación de competencias puesto que el Congreso solo renuncia a su facultad de establecer por ley cuales son la competencias del Gobierno regional y se las entrega al Ejecutivo”.
A continuación, el legislador explicó que tal como está el proyecto “es el Presidente de la República quien por medio de un Decreto Supremo le entrega competencias y se las puede quitar. Eso es casi volver a la monarquía, a una especie de realeza que le quita y le entrega facultades a un gobierno regional con mayor posibilidad de conflicto político cuando el gobernador regional va a ser electo”.
Por su parte, el senador Hernán Larraín señaló que “no hay garantías de financiamiento y por lo tanto, el proyecto da una apariencia de delegación de atribuciones de descentralización, pero no lo logra en los hechos. Plantea muchas dificultades al tener dos autoridades, una elegida como es el gobernador y otra que es el delegado presidencial que es el que tiene la mayor cantidad de atribuciones. Esa tensión con este conflicto de competencias nos hace pensar que es un mal proyecto”.
Los legisladores recuerdan que la reforma constitucional plasmada en la Ley N° 20.990, promulgada el 29 de diciembre de 2016 y publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 2017,  estableció el mandato constitucional de que el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, esto es, el nuevo Gobernador Regional, sea electo por los ciudadanos de cada una de las regiones de nuestro país.
Para hacer efectivo este mandato constitucional, explican, se requiere coordinar e introducir una serie de cambios en varias leyes que permitan, entre otros aspectos fundamentales realizar elecciones de gobernadores regionales este año 2017. Para ello se encuentra, en primer trámite, en la Cámara de Diputados el proyecto que regula la elección de Gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales (Boletín 11200-06), especifican.
Asimismo,  cambiar todo el sistema de competencias y facultades desde una tradición presidencial a un enfoque regional, algo inédito en la administración histórica del país. Para ello, se cuenta el proyecto, en tercer trámite, en el Senado, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (Boletín 7963-06), indican.

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