Con una votación de 104 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado, para su segundo trámite legislativo, el proyecto que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua.
Cabe señalar que los informes de las Comisiones de Hacienda y de Medioambiente, que fueron rendidos por los diputados Silva y Molina, acogieron gran parte de las opiniones de los propios residentes de Rapa Nui, que fueron expresadas en sesiones ordinarias, en Valparaíso; y extraordinarias, en el territorio insular.
El diputado Melo sostuvo que "este es un proyecto muy sentido por la comunidad de Rapa Nui y es el fruto del trabajo mancomunado de las autoridades, la comunidad en general y surge, además, a partir de la aplicación de la consulta indígena del Convenio 169”.
El proyecto regula la forma en que se ejercerán los citados derechos a residir, permanecer y trasladarse, contemplando normas especiales para los originarios del pueblo Rapa Nui, sus descendientes y familiares directos; para quienes realicen actividades económicas autorizadas; y para quienes cumplan alguna función pública con órganos del Estado.
Además, se definen instrumentos de gestión de la capacidad de carga demográfica, para evitar la saturación del espacio insular y consecuencias negativas para el medioambiente, el patrimonio cultural y las condiciones de vida de los habitantes.
Por su parte, la diputada Molina señaló que "hemos dado un gran paso en pro de ayudar hoy día a que la isla pueda recuperar, de alguna manera, la situación que vive y que pueda desarrollarse de forma sustentable de aquí para adelante”.
La aplicación de esta ley implicará, de acuerdo a los legisladores, un gasto total fiscal de más de $1.371 millones para el primer año, que incluye iniciativas de inversión, como la ampliación del cuartel de la PDI; la realización de un estudio de gestión de la capacidad de carga demográfica de la isla, por $402 millones; y gasto en personal, en bienes y equipos para el fortalecimiento de las dependencias públicas de la isla que fiscalizarán el cumplimiento de esta marco legal. Desde el segundo año de aplicación, el gasto en régimen será de más de $262 millones.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.

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