En fallo unánime, la Corte de Arica acogió el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública en contra de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota que decretó la expulsión del país de la ciudadana dominicana Evelyn Castillo Almonte, quien ingresó al territorio nacional en forma irregular, en noviembre de 2016.
La sentencia del Tribunal de alzada establece que, sin perjuicio de lo resuelto, Castillo Almonte deberá regularizar su situación migratoria de acuerdo a la legislación vigente.
El fallo de la Corte de Arica sostiene que "la resolución impugnada resulta arbitraria de modo que con su pronunciamiento se ha conculcado la libertad personal del amparado".
La resolución agrega que "para que fuese procedente la medida de expulsión de autos, se hacía necesario haber observado respecto del recurrente el principio del debido proceso, el que no se satisface en la resolución cuestionada que únicamente se sustenta en una afirmación que no ha sido sometida a conocimiento y resolución del órgano correspondiente, lo que determina que la misma carezca de soporte fáctico y jurídico correspondiente, especialmente considerando que el titular de la acción se desistió de la misma con las consecuencias legales correspondientes".

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