Cinco son los proyectos de ley que conforman la gran reforma educacional que impulsa el gobierno para cumplir con una de sus promesas de campaña. Tres de estas iniciativas ya han sido promulgadas y están en etapa de implementación con cambios que se extenderían hasta 2025. Las dos restantes están en primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados. La Tercera (7).
Gobierno propone que los planteles cobren según la vulnerabilidad de sus alumnos. Mientras se llegue a la gratuidad universal, instituciones podrán tener hasta cuatro aranceles para una misma carrera. Además, se establece que si un alumno se atrasa en sus cursos, deberá pagar la mitad del arancel. Gratuidad universal costaría US$3.508 millones. El Mercurio (6). Cálculo económico estima que la gratuidad universal se alcanzaría recién en el año 2036. De acuerdo al ejercicio, que se realizó en base a los supuestos fiscales actuales, se necesitarían dos décadas más para llegar a lo prometido. Emol (7).
Valdés: Está garantizado si se aprueba este proyecto que Chile va a llegar a la gratuidad universal. Aseguró que esta reforma a la educación superior propone "sin ambigüedades" lograr el beneficio para el 100% de los estudiantes. Emol (6). “No hay ninguna duda” que se llegará a la gratuidad universal. El camino al beneficio en educación superior “está garantizado”. La Tercera (7).
La carta en que Walker le advirtió a Delpiano por meta de gratuidad. En julio del año pasado el senador DC le envió una misiva a la entonces recién asumida ministra. La Tercera (7).
Sólo la UC y la U. de Chile quedarían en el máximo nivel en nuevo sistema de acreditación Proyecto establece que cuando comience el nuevo régimen, las instituciones que tengan 7 años de acreditación quedarán en el nivel "A". El resto se distribuirá en el "B" y "C", siempre que tengan al menos 4 años de certificación. Emol (6).
Proyecto dedica un artículo especial a las carreras de Medicina y Pedagogía, estableciendo una serie de regulaciones. Universidades deberán contar con autorización para poder impartir esas carreras. El permiso lo otorgará el Consejo para la Calidad de la Educación, siempre que se cumplan ciertos estándares de calidad específicos para esos programas. Emol (7).
Ministra presentó proyecto de Educación Superior y diputados coinciden en dudas sobre lucro y gratuidad. Adriana Delpiano entregó los detalles de la iniciativa que ingresó al Congreso en medio de las críticas de los rectores y estudiantes. Exposición se centró en entregar un panorama general de cómo funciona el sistema universitario actual y luego ahondó en los ocho puntos centrales de la reforma: gratuidad, sanciones al lucro, acreditación obligatoria, trato especial para universidades estatales, nuevo sistema de admisión, creación de tres nuevos organismos públicos y la regulación de la educación técnico profesional. Emol (6), Emol (6).
NM respalda a Universidades estatales y pide que sean la “columna vertebral” del sistema. Parlamentarios calificaron como “ambiguo” el proyecto de educación superior. El Mercurio (6).
Jaime Quintana (PPD) no descartó que “no termine su tramitación íntegramente en el actual gobierno”. El Mercurio (6).
Tres miradas sobre la propuesta que presentó el ejecutivo. HaraldBeyer. Una oportunidad perdida. Sergio Bitar. Amplio esfuerzo de articulación del sistema. Sergiro Urzúa. Una reforma desorientada. El Mercurio (6).
Estudiantes realizan banderazo en el Congreso en rechazo a la reforma educacional. Junto a los diputados Jackson y Boric ingresaron a una de las partes altas del Congreso desde donde desplegaron una bandera en protesta a la reforma.La Tercera (6).Estudiantes protagonizaron protesta en la entrada del Mineduc.La Tercera (7).
Bachelet defiende mecanismo para llegar a la gratuidad universal: Es "realista" y "responsable". Mandataria sostuvo que la gradualidad "es la mejor manera de poder garantizarla, aunque tengamos que tomarnos un poquito más tiempo del que hubiéramos querido". Emol (6). "Hemos propuesto un mecanismo realista, es la mejor manera de garantizarla". Aseguró que los mecanismos fueron diseñados para que "no haya vuelta atrás". La Tercera (7). Lo esencial es que la educación sea un derecho social que se conquiste gradualmente para todos, “aunque tengamos que tomarnos un poquito más de tiempo del que hubiéramos querido”. Vocero agregó que si bien la meta del Ejecutivo era llegar al 70% de gratuidad, se la ajustó al 60% porque “las condiciones económicas hoy día tienen un impacto en las arcas fiscales, y eso significó revisar ese objetivo”. El Mercurio (7).
Proyecto otorga cinco años para que instituciones cumplan con nueva regulación de fin al lucro. Todas las instituciones que no tengan gratuidad, pero que quieran seguir con becas y créditos deberán cumplir con el nuevo marco regulatorio “para la prohibición efectiva del lucro”. Subsecretaria de Educación precisó que “una de las condiciones es ser sin fin de lucro, pero no es lo único. Además, hay exigencias de que las personas propietarias de las instituciones, o los directorios, tienen que ser, a su vez, sin fines de lucro. Y, además, hay un marco que se establece para regular y prohibir las operaciones de la institución con entidades relacionadas”. El Mercurio (7).
Controversia causa propuesta que regula el lucro en instituciones. Parlamentarios cuestionaron que el proyecto de educación superior legalice operaciones entre partes relacionadas. La Tercera (7).
Rectores critican la implementación de aranceles diferenciados según vulnerabilidad. “Si no se aborda técnicamente, puede ser un desastre”, advirtió el rector de la U. Central. El Mercurio (7).
Chile Vamos prepara propuesta alternativa al proyecto de educación del gobierno basada en fórmula de Harald Beyer. Plantea como mecanismo de financiamiento a la educación superior, un “crédito justo, solidario y responsable”, que implica que todos los estudiantes que cumplan los requisitos académicos de acceso, independiente de su capacidad de pago, puedan acceder a la educación superior. El Líbero (7).
Piñera lanza críticas al Gobierno y al proyecto. No es correcto comprometer todos los ingresos futuros del Estado como si la educación superior fuera la única prioridad. Emol (6). “No es un buen proyecto”. Dijo que no cree en una sociedad en que el “Estado irrumpe y monopoliza todo el esfuerzo educacional”. El Mercurio (7).
Ministro del Interior asegura que crítica a la reforma educacional "es legítima". Fernández señaló que la atmósfera tras el anuncio de la Presidenta sobre la reforma a la educación superior, "no es convulsionada".La Tercera (7).
Buscan cambio de financiamiento a colegios. La Tercera (7).
Comisión de Hacienda aprueba proyecto de desmunicipalización de colegios públicos. Iniciativa quedó en condiciones de ser votada en particular en la sala de la Cámara de Diputados. Emol (7).
Ministerio de Educación abrió investigación contra U. Andrés Bello por presunto lucro. El plantel, que es controlado por el grupo Laureate, será investigado bajo la Ley de Administrador Provisional. Emol (7). Indagaciones fueron solicitadas por parlamentarios y dirigentes de la institución. La Tercera (7). Rector niega acusaciones de lucro: "Buscan estigmatizar a nuestra universidad". Ministerio abrió Investigación por presunto lucro tras la denuncia de estudiantes que llevan casi dos meses movilizados. Emol (8).
Brunner: La propuesta se basa en un proyecto mal preparado y, hasta ahora, mal gestionado; que carece de un diagnóstico adecuado; al cual le falta asimismo una filosofía, un concepto, un planteamiento de ideas fuerza que le den coherencia estratégica; que contiene una visión equivocada respecto al rol del Estado y del régimen mixto de provisión; revela un diseño estatalista, centralista y de minucioso control burocrático, y que finalmente esboza un modelo de financiamiento que refleja todos los errores y distorsiones anteriores, tornando inviable, en su actual forma, un desarrollo equilibrado del sistema nacional de educación superior. El Líbero (6).
No es tan cierto que la gratuidad “haya llegado para quedarse” ni que esta ley comprometa (en el sentido “fuerte” de esta palabra) recursos futuros, pues –por su propio rango de ley- la reforma, en caso que llegue a aprobarse, no será vinculante para las futuras mayorías parlamentarias, escribe José Julio León en La Tercera (6).
Carlos Peña en El Mercurio (6), escribe que el proyecto de reforma a la educación superior, un código, no se puede rechazar con desdén o aplaudir sin reservas, pues sería una simple frivolidad que las universidades no pueden concederse. Enseguida, bajo la interrogante; ¿Qué obvios defectos son posibles de detectar?, responde la falta de definición de la educación pública. En vez de eso, el proyecto prefiere categorizar a las universidades por su origen estatal o extraestatal, dándole a cada una un tratamiento distinto: financiamiento basal a las primeras, y en base a desempeño a las segundas. Esta distinción parece demasiado gruesa cuando se ha mostrado que lo público no coincide con lo estatal. Es verdad que operacionalizar lo público presenta dificultades, pero en un sistema como el chileno se trata de una distinción perfectamente posible de hacer induciéndola de la experiencia. Una definición de lo público, que lo operacionalice, orientaría el desarrollo de las instituciones privadas, satisfaría a las estatales y recuperaría la trayectoria que el sistema traía hasta 1981: un sistema mixto con predominancia estatal. La gratuidad es la parte más débil por la sencilla razón de que está lejos de la expectativa que, irresponsablemente, se sembró. Y porque su diseño, en vez de estimular que las instituciones adhieran a ella, parece destinado a espantarlas aumentando así la segregación en clases del sistema.
La incertidumbre respecto de la posibilidad de alcanzar la gratuidad universal puede ser bienvenida. No parece razonable que el país avance en esa dirección cuando hay tantas necesidades pendientes y esa es una política regresiva. En Chile hay una alta cobertura y el acceso de los grupos de más bajos ingresos y su graduación de la educación superior son claramente más elevados que en el resto de América Latina. Es lamentable que no se haya pensado en un sistema de financiamiento general para todos los estudiantes que, sin perjuicio de no significar gratuidad, podría aliviar las fuertes cargas económicas que deben soportar muchas familias de ingresos medios. Un factor particularmente grave es que varias de sus disposiciones –de un proyecto que tiene más de 200 artículos permanentes y otros 60 transitorios- ponen en riesgo el sistema de provisión mixta que ha desarrollado el país por casi un siglo. En efecto, el control que tiene la nueva Subsecretaría de Educación Superior sobre el desarrollo del sistema a través de un conjunto de instrumentos no se aviene con la experiencia internacional. La voluntad de que sea el Estado el gran articulador del sistema también se ve reflejada en la reorganización del modelo de aseguramiento de la calidad a través de la creación de un Consejo que tiene un carácter de servicio público, a diferencia de la actual Comisión Nacional, que es un organismo autónomo. Hay una serie de exigencias que pueden limitar la provisión privada de educación superior o dificultarla en extremo sin que haya claridad de que esto pueda ser sustituido por instituciones estatales ni que eso sea deseable. Podría suceder, entonces, que el efecto de esta reforma sea reducir la cobertura sin aumentar la calidad general del sistema, señala un editorial de El Mercurio (6).
La propuesta del gobierno está bajo fuego. La crítica ha sido transversal y el Ministerio parece estar quedándose sin aliados, algo esperable cuando se pretende refundar un sistema complejo y reconfigurar su lógica en base a una promesa tan vaga como irrealizable. Sorprende que la oposición y los sectores moderados del oficialismo no hayan sido capaces de repensar el problema. Insistir en que el gobierno no ha cumplido su promesa no es mucho más que un eslogan de campaña de concejal. El tema es cómo se manejan las múltiples expectativas. Es el momento de defender políticas públicas responsables y volver a lo obvio: la gratuidad universal es una política regresiva, injusta, extremadamente cara, y que genera muchos más problemas de los que eventualmente podría solucionar. Una combinación de becas de mérito ajustadas por nivel socioeconómico y créditos contingentes son una mejor solución, escribe Daniel Rodríguez en La Tercera (6).
“Ahora queremos que quede establecido por ley que no hay vuelta atrás”. Con esta frase, la Presidenta presentó el proyecto. Al pronunciarla, y quizás sin darse cuenta, admitió su propio fracaso: sólo la retórica puede seguir velando la indómita realidad. De hecho, es difícil negar a estas alturas que el gobierno no podrá cumplir sus promesas en materia de gratuidad, escribe Daniel Mansuy La Tercera (6).
Nuestra propuesta consiste es instaurar una beca que llamamos “beca gratuita”. Monto otorgado por el Estado a todos aquellos alumnos que cumplan ciertos criterios no discriminatorios, referidos a vulnerabilidad, pero también a mérito personal. Hay una vía de admisión paralela para los alumnos sin beca, quienes pueden postular a créditos con pagos contingentes al ingreso con el aval del Estado y de la universidad. Esta separación en las vías de admisión permitiría desarrollar con transparencia una política inclusiva de admisión en las numerosas universidades con vocación pública que desean integrar a estudiantes meritorios con becas. La gratuidad como se plantea hoy, olvida el mérito como variable para asignar beneficios y llega a extremos al intentar controlar todas las fuentes de recursos de las universidades, escriben Carlos Williamson y Salvador Valdés en La Tercera (6).
Julio Isamit se pregunta si la actual reforma es simplemente una muestra más de la falta de prolijidad del gobierno o si lisa y llanamente mintieron a los ciudadanos con una promesa que sabían que no podían cumplir. En ambos casos, siguen jugando con los sueños de miles de jóvenes y familias chilenas, y ponen en serio riesgo su credibilidad. El Líbero (6).
Más allá de ser la gratuidad universal un objetivo erróneo e inalcanzable, resulta muy cuestionable, desde la perspectiva del manejo de las finanzas públicas. Más allá de ser un anuncio recesivo, comprometer un destino para la futura recaudación tributaria es también una mala práctica fiscal. Supone renunciar a establecer prioridades según las sensibilidades de la nación, en cada momento. Ello buscando asegurar, a ultranza, una asignación de recursos hacia sectores acomodados, concretando así una concepción puramente ideológica sobre la educación superior, que dos tercios del país consideran altamente inconveniente, señala una editorial de La Tercera (7).
La gratuidad no es sólo injusta moralmente, sino que inviable económicamente. Lo más grave viene a continuación: regulación de aranceles. ¿No es suficiente con la desastrosa experiencia populista de nuestros vecinos? Que un organismo político lesione la autonomía e independencia universitaria es un atentado a la libertad y democracia, escribe Francisco Damiano en La Segunda (6).
Bajo el título “Nadie quiere la reforma”, Julio Isamit escribe que el proyecto no trata la calidad, sino que nuevamente concentra los esfuerzos del Estado en la regulación de las instituciones de enseñanza, pretendiendo –una vez más– acrecentar la intervención gubernamental. Nada de esto contribuye a tener mejores universidades o centros de formación técnica. El Líbero (6).
El destino principal de la reforma tributaria del 2014 era solventar -con "ingresos permanentes"- la reforma educacional planteada en el programa de gobierno. Pero, tal como fue anticipado por sus detractores durante su debate legislativo, es ya evidente que ello no será posible. El proyecto reconoce que con los recursos disponibles la promesa gubernamental es inviable. Por ello vincula la expansión de la gratuidad más allá del sexto decil de la distribución de ingresos al incremento de los llamados "ingresos estructurales" del fisco, desde el 23% del PIB previsto para el 2018 hasta el 29,5% para alcanzar gratuidad total. La fórmula propuesta tendría la virtud de postergar, y a muy largo plazo, una promesa política. Sin embargo, el mayor reparo que merece no es económico, sino político. No es correcto que el Congreso disponga hoy la utilización futura de los ingresos fiscales que la eventual expansión de la economía u otras fuentes pueda traer consigo más adelante. Si se tratara de la contratación de deuda de largo plazo, la Constitución exigiría un quórum especial. . En el caso de un pasivo no contractual como el que nos ocupa, tal requisito no está previsto. Pero igualmente implica una suerte de hipoteca política, señala una editorial de El Mercurio (7).
Gran parte del debate sobre el futuro ha girado en torno a cuántos recursos deberían recibir tales o cuales universidades, en lugar de cuáles son las formas en que las universidades pueden contribuir más y mejor al desarrollo país. Si se desea fortalecer a la educación como bien público corresponde hacerlo en la educación que entregan tanto universidades estatales como privadas. El Congreso tiene hoy una gran oportunidad de abrir espacio a un debate profundo y serio que demuestre que la meta de gratuidad universal en ES no sólo es imposible de financiar sino que además es profundamente injusta, escribe Cristián Larroulet en La Tercera (7).
Pocas promesas políticas han sido tan dañinas para Chile como aquella de la gratuidad en la Educación Superior. El Proyecto lejos de terminar con meses de incertidumbre ha sumido a las universidades chilenas en un pesimismo ciertamente justificado, escribe Cristian Nazer en La Tercera (7).
Bajo el título “Hay que mejorar la reforma educacional”, Héctor Vargas Bastidas en El Mercurio (7), da algunos ejemplos de ello: 1.La reforma plantea entre sus principios promover las diversas visiones de sociedad, y valora y respeta la pluralidad de misiones institucionales; no obstante, en el cuerpo de la ley se invisibiliza el aporte de las instituciones públicas no estatales del CRUCh.; 2. En la definición de universidad presentada en el proyecto de ley, se plantea como un elemento central la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones; sin embargo, sitúa en forma exclusiva en las universidades del Estado la responsabilidad de velar por el bien público y el desarrollo de las regiones, desconociendo la comprobada misión en este campo de otras universidades, entre ellas las católicas; 3. El proyecto de ley se funda en la necesidad de fortalecer la educación pública; no obstante, el esquema de financiamiento planteado asegura cuantiosos recursos a un mercado privado de educación, incluso con menores restricciones en su crecimiento y aranceles respecto de las demás en gratuidad; y 4. El sistema propuesto ofrece una fórmula para alcanzar la gratuidad universal en el largo plazo, según objetivos de ingresos estructurales asociados al PIB, condicionamiento que como tal, y a la luz de otras grandes urgencias sociales, no garantizaría su viabilidad.
José Julio León, bajo el título “Tradición constitucional en educación superior”, afirma que la reforma constitucional de 1971 —el "pacto de garantías"— aseguró la libertad de enseñanza y la autonomía universitaria; señalando que las instituciones privadas —gratuitas y sin fines de lucro— podían acceder al financiamiento estatal, de acuerdo con la ley. Es la historia de la "política del compromiso", que buscaba acuerdos y balances entre intereses antagónicos. Lo mismo ocurre con la práctica constitucional posterior a la reforma constitucional de 1989. La gratuidad no es excusa para restringir la autonomía de las instituciones y la libertad de enseñanza. La reforma de educación superior debe mantener ese equilibrio. La Segunda (7).
El proyecto da cuenta del estado de la educación superior en Chile (sistema que ha aumentado su cobertura hasta llegar a niveles similares al de otros países de la OCDE) y de sus principales desafíos en conjunto con una serie de propuestas para abordarlos. Sin embargo, existen ausencias y múltiples interrogantes. Una de ellas guarda relación con la implementación real y efectiva de la gratuidad, la medida más controversial. Asimismo, lo que en el documento se denomina como ‘trato preferencial’ a las universidades estatales es escueto y vago. También genera gran incertidumbre el rol de la investigación y su relación con las universidades. El sistema de acreditación debe colocar especial atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones de educación superior, escribe Carolina Guzmán en La Tercera (7).
La ciudadanía le enrostra a la Presidenta Bachelet que no está cumpliendo su promesa de gratuidad universal en educación, especialmente en la educación superior. Por qué estos sectores no insisten con la misma fuerza el cumplir otras promesas de campaña: "La economía no está creciendo como debería. Estas son las condiciones de crecimiento que el próximo gobierno heredará: estamos hablando de un crecimiento estimado en torno al 4% el próximo año. Sin embargo, a partir del 2015 retomaremos la senda sostenida de crecimiento y en la segunda mitad de la próxima administración, Chile crecerá en torno al 5%; es decir, al nivel de su PIB potencial", escribe Javier Etcheberry en El Mercurio (8).
El primer ranking de Times Higher Education en Latinoamérica entrega antecedentes relevantes para la discusión de la Ley de Educación Superior y confirma la importancia de que el proyecto de Ley de Educación Superior sea estudiado con racionalidad y calma", escribe Cristián Larroulet en El Mercurio (8).
La evaluación PIAAC de la OCDE, demuestra que un trabajador chileno con educación superior exhibe destrezas inferiores a las de sus pares OCDE que solo terminaron la educación media y no muy distintas a las de un neozelandés que solo completó la primaria. En simple, la educación superior en Chile está apenas supliendo el rol que debió cumplir la escuela. Lo anterior solo viene a ratificar que bien valdría la pena reenfocar los esfuerzos en la escuela y en las competencias básicas que hoy no es capaz de asegurar. Sería mucho más justo, solidario y efectivo, escribe Ignacio Briones en El Mercurio (6).
Bajo el título “Entrevista investigativa: Una política en desarrollo”, María Paz Rutte escribe en El Mercurio (7), que escribe la Entrevista investigativa no solo es un cambio procedimental, sino también una nueva forma para aproximarse a la investigación de delitos sexuales, con especial énfasis en la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos.
“Estamos tratando de parar un elefante en un alfiler”. “No hay recursos para lograr la gratuidad, no basta con crecimiento, porque esto no tiene que ver con el precio del cobre. No hay recursos”, escribe Sergio Urzúa en El Líbero (7).