REFORMA EDUCACIONAL
Presidenta envío al Congreso reforma a educación superior. El Mercurio (4). Mandataria señaló: “Sabemos que no es posible dejar a todo el mundo contento”, dijo. La Tercera (4).
La Cámara de Diputados dio cuenta ayer de la iniciativa que inicio su tramitación. La Tercera (5). Fue presentada con urgencia simple y en los próximos días comenzará a ser analizada en la Comisión de Educación. Emol (5).
Vea el proyecto completo que ingresó el gobierno al Congreso. La Tercera (5).
Los ocho puntos clave del proyecto que transforma el sistema de educación superior. Desde la ruta para la gratuidad hasta un nuevo sistema de admisión a las universidades e institutos, son parte de las nuevas reglas que contempla la iniciativa. Emol (5).
Revise los principales ejes de la medida. Emol (5).
La minuta del Ejecutivo establece que hasta 2017 la gratuidad será para el 50% de los alumnos más vulnerables e incluirá a los planteles técnicos. Entre 2018 y 2020, “la ley ampliará la cobertura hasta el sexto decil” de vulnerabilidad”. Luego, se considerarán condiciones económicas, que se deberán repetir dos años, para ir avanzando un decil. En cuanto a los aranceles regulados, se mantendrán los que rigen hoy por dos años, y luego se citará a una comisión para que lo corrija. Se crea un fondo para el desempeño y el fortalecimiento de los planteles estatales: será al menos equivalente al que reciben hoy e “incrementado según las disponibilidades y objetivos que la autoridad establezca”. Además, se creará otro fondo concursable para todos los planteles que tengan gratuidad, el cual se “nutrirá”, en parte, con el Aporte Fiscal Directo que reciben todas las universidades tradicionales. Este aporte, al igual que el Aporte Indirecto, irá disminuyendo a favor de este nuevo fondo. La futura superintendencia velará que no haya lucro en las instituciones y se establecerán sanciones para cuando se detecten faltas: amonestación por escrito, multas de hasta 10.000 UTM si hay infracciones gravísimas, multas de 1.000 UTM para las personas naturales y la inhabilitación para ser director o construir planteles. Si una persona no paga su multa, podría tras un proceso, terminar en la cárcel, pero dicha sanción no está establecida en el proyecto como tal. El proyecto crea una unidad de educación técnica y una división, que deberá coordinarse con los sectores productivos, para atender las necesidades. Además se implementará un sistema de admisión especial para este tipo de recintos. El Mercurio (4).
Acreditación de las instituciones será obligatoria y durará 8 años. Habrá 3 niveles y se evaluarán cinco dimensiones. Si no se aprueban todas, el plantel no obtiene la certificación. El proyecto se estructura en siete capítulos (además de los artículos transitorios) que abordan disposiciones generales, subsecretaría de educación superior, sistema de aseguramiento, superintendencia, lucro, educación superior estatal, financiamiento y disposiciones finales. En caso de no acreditar la institución, se nombrará un Administrador Provisional. Y en caso de que en un plazo de 3 años la institución no sea acreditada, se procederá a su cierre. Se establecen infracciones gravísimas (no cumplir normas sobre prohibición efectiva del lucro), graves (efectuar publicidad engañosa) y leves, que generan sanciones que van desde amonestaciones por escrito hasta inhabilitación para ser directivos o constituir instituciones de educación superior. Asimismo, establece que el infractor estará obligado a devolver dichos recursos y pagar una multa del 50% del monto que se apropió. "En caso de no devolver dichos recursos a la institución, se configura el delito de apropiación indebida que se establece en el código Penal, pudiendo la pena llegar hasta 5 años de cárcel", dice el texto de la minuta. La Segunda (4).
El proyecto crea diversas instituciones para fiscalizar la calidad y el funcionamiento de las universidades. Asimismo busca fomentar la formación técnica profesional y fija un sistema de financiamiento. Los ocho puntos que regularán el nuevo sistema de educación superior son: 1. Sistema de educación superior 2. Subsecretaría de Educación Superior 3. Fomento de la formación técnico profesional 4. Sistema Nacional de Aseguramiento de calidad de la educación superior 5. La Superintendencia de Educación Superior 6. Regulaciones a las instituciones organizadas como personas jurídicas sin fines de lucro 7. Régimen de la educación superior estatal 8. Financiamiento público. La Tercera (5).
Gobierno garantiza que escucharán "todas las voces" en discusión de la reforma en el Congreso. Vocero descartó "frustración" por las críticas que ha recibido la iniciativa y aseguró que será "uno de los grandes legados" de la Presidenta Bachelet. Emol (4). Admitió que la discusión se desarrollará bajo una presión política y social. Emol (5).
El emblemático proyecto está lejos de tener el respaldo que logró cuando fue anunciado como parte del programa de gobierno y hoy, desde todos los sectores (estudiantes, rectores, técnicos, parlamentarios y políticos) es objeto de críticas, adelantando que vendrá un duro debate en torno a la iniciativa que hoy será ingresada al Congreso. La Segunda (4). Rodrigo González (PPD): “Financiamiento deja que desear”. Guillermo Ramírez (UDI): "Ella prometió un espejismo". Jaime Bellolio (UDI): "No pueden cumplir su promesa". Aldo Valle, del Cruch: "No es una transformación". La Segunda (4).
Gobierno propone que los planteles cobren según la vulnerabilidad de sus alumnos. Mientras se llegue a la gratuidad universal, instituciones podrán tener hasta cuatro aranceles para una misma carrera. Además, se establece que si un alumno se atrasa en sus cursos, deberá pagar la mitad del arancel. Gratuidad universal costaría US$3.508 millones. El Mercurio (6).
NM respalda a Universidades estatales y pide que sean la “columna vertebral” del sistema. Parlamentarios calificaron como “ambiguo” el proyecto de educación superior. El Mercurio (6).
Jaime Quintana (PPD) no descartó que “no termine su tramitación íntegramente en el actual gobierno”. El Mercurio (6).
Tres miradas sobre la propuesta que presentó el ejecutivo. Harald Beyer. Una oportunidad perdida. Sergio Bitar. Amplio esfuerzo de articulación del sistema. Sergiro Urzúa. Una reforma desorientada. El Mercurio (6).
El adverso panorama que espera la reforma educacional en la Cámara. La Segunda (5).
NM se alinea y propone que sea ley durante este Gobierno. Oficialismo se mostró conforme con el envío del proyecto y señalaron que las diferencias van respecto a los tiempos de tramitación de la iniciativa y no por contenidos. Emol (4). Destacan la coincidencia que existe al interior del bloque sobre los aspectos fundamentales del proyecto. Emol (5).
Ministra de Educación asegura que "es posible" la gratuidad universal pero declina entregar un plazo. Justificó la decisión de no prohibir el lucro en CFT e IP, aunque dijo que esa es una discusión que debe darse en el Congreso y confirmó que esa práctica, en el caso de las universidades, será sancionada hasta con cárcel. Emol (4). Afirma que la condición para alcanzar la gratuidad universal "es realista", y pese a las críticas de la oposición y economistas aseguró que la gratuidad "no es una eterna promesa", sino "un compromiso que llegó para quedarse". Emol (4). Indicó que el crédito morirá cuando "llegue la gratuidad universal". Al responder las críticas por permanencia del CAE dice que los bancos integran el sistema porque "son mejores cobradores que las universidades". Aseguró que el "tema de los instrumentos no está descartado. Lo que dice la ley es que se mantendrán las ayudas estudiantiles en la transición. Tú no puedes quitarle –en miras de que llegarás a la gratuidad– a los estudiantes lo que son los apoyos estudiantiles, que son distintos". El Mostrador (4). Dijo que gratuidad está garantizada hasta el sexto decil y que "Es muy difícil en un año o dos desmontar un sistema de mercado". Respecto al lucro explicó que "en este proyecto queda muy sancionado dentro de lo que son las universidades. Las universidades, por ley, son sin fines de lucro, por lo tanto se ponen cortapisas reales para que eso se produzca. Incluyendo en última instancia, para alguien con lucro reiterado, hay apropiación indebida y eso va a la justicia penal". El Mostrador (4).
Financiamiento será el gran nudo de la reforma. El Mercurio (5).
Universidades públicas no estatales: “Somos las grandes perjudicadas”. Nueva minuta del Ejecutivo, que entrega mayores detalles sobre la reforma a la educación superior, irritó a los rectores de las universidades públicas no estatales, agrupadas en el G9. El Mercurio (4). Presidente de la red de planteles del G9 acusó que a nueve planteles, entre ellos las universidades católicas, Austral, de Concepción y Santa María, se les eliminará un aporte basal. Emol (4).
Informe financiero establece que costo de gratuidad universal sería de US$3.371 millones. Valdés, aseguró que "con lo que ya hemos avanzado y lo que está en el informe financiero la parte de educación superior cuesta aproximadamente 1,5% del PIB. Emol (5).
Economistas afirman que la gratuidad será una "tarea titánica" y que los tiempos de implementación dependerán de cuánto crezca la economía y los recursos que logren recaudar por lo que las expectativas son bajas. Emol (4).
Alumnos que excedan en un año duración de la carrera pagarán la mitad del arancel. Proyecto también establece que el nuevo sistema de admisión a las universidades, IP y CFT comenzará a regir en 2021 y será obligatorio para todos los planteles que reciban fondos públicos. Emol (5).
La universalidad se alcanzaría con dos reformas tributarias como la del 2014, dijo Giorgio Jackson: "O hubo un mal cálculo o se prometió algo que se sabía que no se podía cumplir". El proyecto no cumple "ni de cerca con las expectativas del movimiento estudiantil ni con las propias promesas de campaña de la Presidenta Bachelet". El Mostrador (5).
Brunner: "El gobierno insiste en un sistema de gratuidad que me parece insostenible"."Llegará, en el mejor de los casos, a cubrir al 50% de los jóvenes de los hogares de menores recursos. Todo lo demás es música". El Mostrador (5). El Mercurio (5). “Es una propuesta desordenada, técnicamente débil y con muchas confusiones”. Respecto a la gratuidad indica que "el Gobierno infló de una manera muy descuidada y poco responsable una meta de gratuidad universal completamente irrealizable" y que medidas como esta han generado "rechazo de muy distinto tipo, cada uno es por una razón específica, uno no puede decir todo el mundo está en contra", porque hay distintos ángulos, aseveró. El Mostrador (5). La propuesta se basa en un proyecto mal preparado y, hasta ahora, mal gestionado; que carece de un diagnóstico adecuado; al cual le falta asimismo una filosofía, un concepto, un planteamiento de ideas fuerza que le den coherencia estratégica; que contiene una visión equivocada respecto al rol del Estado y del régimen mixto de provisión; revela un diseño estatalista, centralista y de minucioso control burocrático, y que finalmente esboza un modelo de financiamiento que refleja todos los errores y distorsiones anteriores, tornando inviable, en su actual forma, un desarrollo equilibrado del sistema nacional de educación superior. El Líbero (6).
Ena von Baer: "No saben cómo cumplir con la promesa de gratuidad". Como el gobierno no puede cumplir su promesa, fija aranceles. La Tercera (4).
Karol Cariola: "Hay que hacer modificaciones y construir un acuerdo". Celebra distinción que en el proyecto se hace con universidades estatales. La Tercera (4).
Valdés descarta nueva reforma tributaria para financiar la gratuidad. La gratuidad universal costaría aproximadamente cuatro mil millones de dólares. La Tercera (5), Emol (5).
Díaz respalda a Valdés y descarta nuevas reformas sobre gratuidad: "El financiamiento del 60% está resuelto". Descartó que el ministro de Hacienda haya relativizado el objetivo de este mandato de cumplir con el beneficio para todos los estudiantes. Emol (5). "Las metas que nos habíamos propuesto de arribar al 70% en este gobierno no son posibles". Asimismo afirmó que, "es un proyecto que va a marcar fuertemente en presente y el futuro del país", y descartó una nueva reforma tributaria. Pulso (5). "Bajo la conducción de esta Presidenta, Chile transformará su sistema educativo desde uno donde ha primado el mercado a uno donde prima la educación como un derecho social”. “Los chilenos se merecen -lo demandaron con fuerza en las calles el 2011- una reforma que asegure gratuidad y calidad, que ponga el acento en el derecho de las familias, pero particularmente en los estudiantes”. El Mostrador (4).
Proyecto fija hasta 5 años de cárcel para quienes desvíen fondos y prohíbe la participación de personas jurídicas con fines de lucro en la educación superior. El Mostrador (4). Acreditación de universidades será por 8 años e instituciones que no lo logren deberán cerrar. Proyecto establece que en los planteles que no se acrediten, se nombrará un Administrador Provisional. Si no consigue certificarse en un plazo de 3 años, se procederá a su cierre. Emol (4), El Mostrador (4).
Universidad de Chile prepara arremetida con discusión triestamental de la reforma. El proyecto presentado por el Ejecutivo a los planteles estatales no entrega definiciones que fortalezcan a las universidades estatales y tampoco precisa elementos cómo el carácter público de una universidad, concepto que el Rector señaló enfáticamente que no van a "permitir que en el contexto de esta discusión se banalice, se trivialice o se le haga perder el profundo significado que para nosotros es identitario". El Mostrador (4).
Rector de la UV, Aldo Valle, indicó que la gratuidad del Gobierno es "una figura retórica". El Mostrador (4).
Rector Zolezzi: "Las universidades estatales deben recibir lo que les corresponde". Hizo un llamado a los parlamentarios para que apoyen el proyecto y realicen sus reparos en lo que corresponda al sistema público estatal. Emol (5).
Confech: para lograr la gratuidad deberán pasar 20 o 30 años y "Chile tendría que tener el PIB de Japón". Emol (4). Grupo de estudiantes de la Usach realizó una ecuación que dio como resultado que "la recaudación fiscal debe alcanzar el 29,5% del PIB tendencial" para lograr financiar la gratuidad. "Al gobierno le tiembla la voz y la mano con los empresarios de la educación". Camila Rojas, presidenta de la organización estudiantil, aseguró que el proyecto "es un mero ajuste" a un "sistema que está en crisis". El Mostrador (4). Critica que la gratuidad "llegue por goteo" y "dependa de los vaivenes del mercado". También se mostraron escépticos respecto de la fórmula que se plantea para penalizar el lucro con cárcel y cuestionan que no se termine con el Crédito con Aval del Estado. Emol (4). "La educación no puede estar regulada por los criterios del mercado" y aseguraron que el proyecto vine a condenar a miles de familia a seguir endeudadas. La Tercera (5). "La ministra y la Presidenta tendrán que hacerse responsable del fracaso de una reforma tan emblemática para este gobierno". El Mostrador (5).
Cruch: "No hay una transformación del sistema de educación superior". Vicepresidente de la entidad sostuvo que "el gobierno ha optado por la compra de servicios educacionales a privados, poniendo ciertas condiciones de regulación, pero eso no es fortalecer ni ampliar la educación pública". El Mostrador (4).
Jaime Bellolio (UDI): "Estamos frente a una reforma con fines electorales y no con fines educacionales". “Lo que hemos visto es que la Presidenta decía que este proyecto apuntaba a la calidad y la gratuidad, sin embargo, ninguna de las dos cosas se estaría cumpliendo. Estamos frente a otro proyecto más que será un fracaso en educación, donde este gobierno no se haría cargo del proyecto que están presentando”. El Mostrador (4).
Chile Vamos: "La gratuidad es simplemente una venta de humo". Cristián Monckebeg (RN) acusó que el proyecto "es irresponsable y mentiroso", porque deja en manos del gobiernos futuros el problema. Emol (4).
Senador Quintana pide que CAE desaparezca en la medida que se avanza hacia la gratuidad. Sobre la falta de recursos que podría implicar el proyecto, señaló que "hay que ver otras formas de financiamiento, medidas contra cíclicas, otro tipo de presupuesto, fondos de estabilización, hasta la ley reservada del cobre". Emol (4).
Ossandón: "No sabemos si es un ofertón o si es un chiste". "Con la educación de los chilenos no se juega. Este es un espectáculo vergonzoso. Resulta impresentable que la ministra no tenga claro los alcances de esta reforma y no sepa cuánto va a costar". Emol (5).
Efecto electoral causa controversia al interior del comité político por educación superior. Parlamentarios criticaron al Gobierno por el manejo de expectativas frente a la gratuidad. Además, algunos dirigentes aludieron a que el éxito de esta administración y su posible proyección dependen de esta iniciativa. Emol (5), El Mercurio (5).
No es tan cierto que la gratuidad “haya llegado para quedarse” ni que esta ley comprometa (en el sentido “fuerte” de esta palabra) recursos futuros, pues –por su propio rango de ley- la reforma, en caso que llegue a aprobarse, no será vinculante para las futuras mayorías parlamentarias, escribe José Julio León en La Tercera (6).
Carlos Peña en El Mercurio (6), escribe que el proyecto de reforma a la educación superior, un código, no se puede rechazar con desdén o aplaudir sin reservas, pues sería una simple frivolidad que las universidades no pueden concederse. Enseguida, bajo la interrogante; ¿Qué obvios defectos son posibles de detectar?, responde la falta de definición de la educación pública. En vez de eso, el proyecto prefiere categorizar a las universidades por su origen estatal o extraestatal, dándole a cada una un tratamiento distinto: financiamiento basal a las primeras, y en base a desempeño a las segundas. Esta distinción parece demasiado gruesa cuando se ha mostrado que lo público no coincide con lo estatal. Es verdad que operacionalizar lo público presenta dificultades, pero en un sistema como el chileno se trata de una distinción perfectamente posible de hacer induciéndola de la experiencia. Una definición de lo público, que lo operacionalice, orientaría el desarrollo de las instituciones privadas, satisfaría a las estatales y recuperaría la trayectoria que el sistema traía hasta 1981: un sistema mixto con predominancia estatal. La gratuidad es la parte más débil por la sencilla razón de que está lejos de la expectativa que, irresponsablemente, se sembró. Y porque su diseño, en vez de estimular que las instituciones adhieran a ella, parece destinado a espantarlas aumentando así la segregación en clases del sistema.
La incertidumbre respecto de la posibilidad de alcanzar la gratuidad universal puede ser bienvenida. No parece razonable que el país avance en esa dirección cuando hay tantas necesidades pendientes y esa es una política regresiva. En Chile hay una alta cobertura y el acceso de los grupos de más bajos ingresos y su graduación de la educación superior son claramente más elevados que en el resto de América Latina. Es lamentable que no se haya pensado en un sistema de financiamiento general para todos los estudiantes que, sin perjuicio de no significar gratuidad, podría aliviar las fuertes cargas económicas que deben soportar muchas familias de ingresos medios. Un factor particularmente grave es que varias de sus disposiciones –de un proyecto que tiene más de 200 artículos permanentes y otros 60 transitorios- ponen en riesgo el sistema de provisión mixta que ha desarrollado el país por casi un siglo. En efecto, el control que tiene la nueva Subsecretaría de Educación Superior sobre el desarrollo del sistema a través de un conjunto de instrumentos no se aviene con la experiencia internacional. La voluntad de que sea el Estado el gran articulador del sistema también se ve reflejada en la reorganización del modelo de aseguramiento de la calidad a través de la creación de un Consejo que tiene un carácter de servicio público, a diferencia de la actual Comisión Nacional, que es un organismo autónomo. Hay una serie de exigencias que pueden limitar la provisión privada de educación superior o dificultarla en extremo sin que haya claridad de que esto pueda ser sustituido por instituciones estatales ni que eso sea deseable. Podría suceder, entonces, que el efecto de esta reforma sea reducir la cobertura sin aumentar la calidad general del sistema, señala un editorial de El Mercurio (6).
La propuesta del gobierno está bajo fuego. La crítica ha sido transversal y el Ministerio parece estar quedándose sin aliados, algo esperable cuando se pretende refundar un sistema complejo y reconfigurar su lógica en base a una promesa tan vaga como irrealizable. Sorprende que la oposición y los sectores moderados del oficialismo no hayan sido capaces de repensar el problema. Insistir en que el gobierno no ha cumplido su promesa no es mucho más que un eslogan de campaña de concejal. El tema es cómo se manejan las múltiples expectativas. Es el momento de defender políticas públicas responsables y volver a lo obvio: la gratuidad universal es una política regresiva, injusta, extremadamente cara, y que genera muchos más problemas de los que eventualmente podría solucionar. Una combinación de becas de mérito ajustadas por nivel socioeconómico y créditos contingentes son una mejor solución, escribe Daniel Rodríguez en La Tercera (6).
“Ahora queremos que quede establecido por ley que no hay vuelta atrás”. Con esta frase, la Presidenta presentó el proyecto. Al pronunciarla, y quizás sin darse cuenta, admitió su propio fracaso: sólo la retórica puede seguir velando la indómita realidad. De hecho, es difícil negar a estas alturas que el gobierno no podrá cumplir sus promesas en materia de gratuidad, escribe Daniel Mansuy La Tercera (6).
Nuestra propuesta consiste es instaurar una beca que llamamos “beca gratuita”. Monto otorgado por el Estado a todos aquellos alumnos que cumplan ciertos criterios no discriminatorios, referidos a vulnerabilidad, pero también a mérito personal. Hay una vía de admisión paralela para los alumnos sin beca, quienes pueden postular a créditos con pagos contingentes al ingreso con el aval del Estado y de la universidad. Esta separación en las vías de admisión permitiría desarrollar con transparencia una política inclusiva de admisión en las numerosas universidades con vocación pública que desean integrar a estudiantes meritorios con becas. La gratuidad como se plantea hoy, olvida el mérito como variable para asignar beneficios y llega a extremos al intentar controlar todas las fuentes de recursos de las universidades, escriben Carlos Williamson y Salvador Valdés en La Tercera (6).
Hay universidades privadas no pertenecientes al CRUCh que exhiben niveles de calidad comparables a universidades estatales y privadas que sí pertenecen a dicho organismo, en tanto que el "rol público" de las universidades privadas del CRUCh no puede depender de un criterio formal, sino material, que como tal puede ser definido y verificado respecto de cualquier universidad y, agrego ahora, sería razonable que lo fuera, escribe Héctor Hernández en El Mercurio (5).
Han transcurrido dos años desde que se comprometió el envío del proyecto de educación superior. Diversas voces de la NM habían recomendado no presentarlo aún. Su ingreso permitirá finalmente un debate sobre una iniciativa concreta y no sobre borradores o minutas. Es decidor, sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido que el gobierno haya sido incapaz de elaborar una iniciativa consensuada. Tal objetivo es difícil de lograr cuando se pretende satisfacer a los grupos más radicalizados de la NM y del movimiento estudiantil, lo que trae como resultado un proyecto técnicamente débil, de clara orientación estatista y que en el afán de dar gratuidad universal irrogará un costo fiscal que el país difícilmente estará en condiciones de cumplir. Las resistencias permiten anticipar que su tramitación será extensa. Muy probablemente habrá que recurrir otra vez al mecanismo de la “glosa” para financiar la gratuidad, desprolijidad se ha observado en la mayoría de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno. Los lineamientos generales apuntan a colocar un especial énfasis en la gratuidad universal, la penalización del lucro y la entrega de privilegios a las universidades del Estado, aspectos que responden a una concepción ideológica de la educación superior. Con todo, el proyecto ha morigerado algunos de los contenidos más radicalizados. Entre ellos, el que condicionaba la entrega de fondos públicos a la existencia de la triestamentalidad que implicaba una interferencia directa del Estado en la autonomía universitaria. También cabría esperar que no se insista en discriminaciones arbitrarias entre instituciones. La fórmula que se ha ideado para implementar la gratuidad sigue presentando problemas graves. El Ministerio parece haber reconocido que no hay fondos para financiar la gratuidad universal. El afán de limitar cualquier posibilidad de lucro lleva a que el proyecto contemple la creación de nueva burocracia fiscalizadora y que “asegure la calidad”, además de contemplar penas de cárcel de hasta cinco años en caso de “desvíos de fondos”, figura que no parece bien precisada y que será fuente de controversias. Tampoco parece acertado que el proyecto insista en favorecer a las universidades del Estado. La “Ley de Inclusión” puso el énfasis en terminar con el lucro, la selección y el copago, y lejos de avanzar en calidad, ha sembrado la duda en sostenedores y familias. El mismo riesgo se advierte en este proyecto de educación superior, que se centra en “desmontar” un sistema que si bien admite mejoras, ha hecho valiosas contribuciones en términos de cobertura y calidad, señala una editorial de La Tercera (5).
Lo que más ha llamado la atención es que el avance hacia la gratuidad universal se realizará de forma gradual, conforme se vayan cumpliendo ciertas metas en cuanto a los ingresos estructurales que parecen lejanas. Pareciera que el gobierno utilizó la tan popular gratuidad como excusa para introducir una reforma que lo que hace en realidad es modelar un nuevo sistema de educación superior a su pinta, que desconoce tanto las cualidades como los defectos del actual sistema. Se despreocupa de resolver los verdaderos problemas que aquejan a los jóvenes de menores ingresos y que los imposibilitan de acceder a la educación superior, que no son realmente el pago de un arancel, sino una educación previa deficiente. Bajo la excusa de cumplir con la gratuidad y de “terminar con el lucro”, esta reforma bien podría terminar estandarizando la provisión de educación superior y la formación de los profesionales del futuro, como si estos fuesen un commodity. Y restringiendo la masificación de la educación superior que los chilenos demandan, escribe María Paz Arzola en La Tercera (5).
Confech entrega argumentos de porqué se movilizó ayer en contra de la reforma pese a no tener autorización. Anunció que acudirá al Congreso en medio del debate por la presentación del proyecto de reforma a la educación superior. Emol (5). Incidentes empañaron nuevamente movilización de estudiantes. La Tercera (5). Estudiantes secundarios exigen la renuncia de la ministra de Educación en medio de manifestaciones. Emol (5).
Bajo el título “La frágil investigación”, Hugo Herrera afirma que el Gobierno en vez de enfocarse en corregir y mejorar lo que hay, fortalecer las tradiciones investigativas que se han formado en el sector privado y el público, allegarles más recursos de modo inteligente y mirando también al extranjero, propone una reforma que, pese a sus varios méritos, pretende cambiar el sistema mixto de aportes por uno preponderante o exclusivamente estatal. La Segunda (5).
Lo que tenemos hoy en Chile, fruto de un absoluto libertinaje de mercado, es la friolera de 60 universidades y cerca de 100 institutos profesionales y CFT. En los últimos 20 años se han cerrado 18 universidades y cerca de 30 IP y CFT. Si se entiende por “programa” una carrera en una sede, tenemos la friolera de 12 mil. Es un mercado completamente asimétrico y desinformado. En este “tráfico de venta de cartones” sólo el 5% tiene comprensión lectora y aritmética adecuada para el ejercicio de su profesión. Frente a esta realidad Mario Waissbluth en La Tercera (5) propone
Se reservaría el nombre de universidad para las instituciones que, además de docencia y extensión, hacen investigación. Las llamadas “universidades complejas”, para distinguirlas de las universidades docentes. La viabilidad política de esta propuesta depende, desde luego, de qué se entienda por investigación, y por lo tanto, de cuántas de las actuales universidades cumplirán con el requisito, escribe Andrés Bernasconi en La Tercera (5).
En #LaPreguntadelDía: El 80% cree que el proyecto de educación superior no va a ser aprobado antes que finalice el gobierno. El Líbero (6).
Julio Isamit se pregunta si la actual reforma es simplemente una muestra más de la falta de prolijidad del gobierno o si lisa y llanamente mintieron a los ciudadanos con una promesa que sabían que no podían cumplir. En ambos casos, siguen jugando con los sueños de miles de jóvenes y familias chilenas, y ponen en serio riesgo su credibilidad. El Líbero (6).
Cámara de Diputados comienza a discutir proyecto de desmunicipalización de colegios públicos. Iniciativa, que también forma parte de la reforma educacional, se votó en general durante la sesión de ayer. Emol (5). Se aprobó idea de legislar de proyecto de desmunicipalización de colegios públicos por 71 votos a favor, 36 en contra y cuatro abstenciones. Tras la discusión de la iniciativa, parlamentarios de la NM junto a los representantes de la Cones firmaron un protocolo de acuerdo exigiendo al Gobierno que presente una indicación que modifique el actual sistema de financiamiento. Emol (5). Comenzará a ser analizada en particular en la Comisión de Educación. La Tercera (5). Serán parte relevante de este sistema los Servicios Locales de Educación Pública, instituciones estatales que se crean a partir de esta ley y cuyo número se distribuirá a lo largo de todo el país, considerando para ello, criterios de densidad de población, cantidad de establecimientos educacionales por administrar y distancias. También será parte de este engranaje el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública. El Mostrador (5).
Cuando se dice que tanto "los colegios como sus directores pasarán a depender de la Dirección de Educación Pública", se está señalando algo erróneo. El proyecto establece que son los Servicios Locales (SLE) y no el Ministerio de Educación los encargados de administrar y apoyar técnicamente a los establecimientos educacionales públicos. Jurídica y administrativamente son servicios especializados con carácter descentralizado y adscritos al SADP. La Dirección de Educación Pública es también un servicio adscrito al SADP, y su función no es intervenir en la gestión local, escribe Rodrigo Roco en El Mercurio (5).
La evaluación PIAAC de la OCDE, demuestra que un trabajador chileno con educación superior exhibe destrezas inferiores a las de sus pares OCDE que solo terminaron la educación media y no muy distintas a las de un neozelandés que solo completó la primaria. En simple, la educación superior en Chile está apenas supliendo el rol que debió cumplir la escuela. Lo anterior solo viene a ratificar que bien valdría la pena reenfocar los esfuerzos en la escuela y en las competencias básicas que hoy no es capaz de asegurar. Sería mucho más justo, solidario y efectivo, escribe Ignacio Briones en El Mercurio (6).