El lunes 30 de mayo los integrantes de la Comisión de Economía determinarán las atribuciones del Consejo Normativo, elemento clave del proyecto que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
En las últimas dos sesiones han quedado en evidencia una serie de contrapuntos con el Ejecutivo respecto a la dieta que tendrán los consejeros, sus atribuciones y el ejercicio de éstas, y la consulta pública que se deberá realizar.
Por ello, la Comisión acordó solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) un informe en legislación comparada para saber si funcionan en otras naciones estos cuerpos colegiados. Asimismo, se espera que los asesores del Ministerio de Economía junto a los de los senadores lleguen a un consenso.
El presidente de esta instancia parlamentaria, el senador Moreira afirmó que el lunes 30 se van a revisar y votar las materias que quedaron pendientes, explicando que “se pensó en votar hoy pero acordamos postergarlo para tener mayores antecedentes. Ahora sí o sí a mediados de junio vamos a tener despachada esta norma porque es necesaria para los consumidores”.
La problemática se centró en que la propuesta del Ejecutivo consigna un rol normativo para el citado consejo. En concreto se plantea que esta institucionalidad “apruebe una propuesta formulada por el director nacional (del Sernac) de interpretación administrativa, normas e instrucciones de carácter general en materia de protección de los derechos de los consumidores”.
“Veo que este consejo depende mucho del director, de las propuestas que haga. Creo que sus atribuciones son muy acotadas si pensamos en la necesidad de fortalecer el Sernac. Además creo que se convocaría ocasionalmente, cuando el director lo disponga. No me parece”, dijo el senador Tuma.
En la misma línea, la senadora Pérez San Martín declaró que “no queremos un consejo decorativo. Si hemos puesto tantas reglas para su conformación, no entiendo que se les entregue solo un rol normativo”.
El senador Moreira agregó que “nosotros elaboramos una propuesta más completa que considera que el consejo intervenga en la política de fiscalización, la medicación y demandas colectivas, y el proceso sancionatorio. Nos parece que eso sería una estructura más robusta”.
Por su parte, el director del Sernac, Ernesto Muñoz argumentó que “lo que se ha planteado no es un diseño antojadizo. El Sernac tendrá una serie de contrapesos. En materia de fiscalización, el servicio será un organismo unipersonal con representación en todo el país donde se ejercerá este rol. Creemos que ese modelo es más efectivo que si el consejo interviniera. Si se pone un consejo a cada una de las facultades del servicio, la reforma no va a funcionar”.
Sin embargo, el Ejecutivo se mostró dispuesto a evaluar la propuesta de los senadores, de manera de incorporar algunas disposiciones.
En cuanto a la reclamación de ilegalidad, el Ejecutivo planteó que “cualquier persona afectada por un acto de aplicación de normas o instrucciones de carácter general o de interpretaciones administrativas de la normativa, podrá reclamar por ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago dentro del décimo día”.
La propuesta fue cuestionada por los legisladores considerando que se obliga a la persona que desea interponer este recurso a viajar a Santiago, lo que fue calificado como un signo contra la descentralización.
El director del Sernac explicó que “la dirección del servicio está en Santiago, por lo que el afectado debe acudir a la justicia de esa ciudad. Además si se faculta a las Cortes de Apelaciones de las regiones a intervenir, podrían haber sentencias contradictorias”.
Finalmente, los asesores mejorarán la redacción de los citados incisos para incorporar de alguna manera la idea que las personas no deban trasladarse a Santiago.

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