La moción del senador Bianchi, expone que el artículo 61 de nuestra Carta Fundamental, establece el denominado "fuero parlamentario" y que tiene como consecuencia que "Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa".
Observa luego que la doctrina como la opinión de alguna jurisprudencia han planteado diversos cuestionamientos al establecimiento de dicho "fuero", entre las cuales, se ha cuestionado un claro desajuste normativo, relativos a los términos que utiliza la Constitución Política en relación al fuero, y los preceptos que regulan el procedimiento de desafuero que se contienen en el nuevo Código Procesal Penal.
Sobre el particular, el autor de la iniciativa aclara que el desajuste en comento se debe a que cuando el constituyente aprobó las normas referidas al fuero regía en el país un sistema procesal penal de corte inquisitorio, cuyas instituciones, terminología y cultura subyacente son inconciliables con el nuevo modelo de persecución criminal que lo remplaza.
En ese sentido, la moción recuerda que la norma constitucional establece que debe existir autorización del tribunal de alzada para dar formación de causa cuando los parlamentarios puedan ser "privados de libertad" y como es lógico, no pudo colocarse en la hipótesis de alguna otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva, toda vez que ellas han sido establecidas sólo en el nuevo cuerpo legal, de lo que resulta que, en apariencia, la solicitud de desafuero al tribunal competente únicamente sería exigible, con sujeción al tenor literal de la norma constitucional, en el caso que se quisiera privar de libertad al sujeto aforado, pero no cuando se lo quiera afectar con alguna otra medida cautelar que no revista aquel carácter.
Por lo anterior, el proyecto de reforma constitucional, a propósito de los innumerables cuestionamientos a la institución del fuero, propone modificar el artículo 61 de la Constitución Política de la República, estableciendo que “los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión”.
Corresponde ahora que la iniciativa –en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Sala del Senado.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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