La moción de los diputados Browne, Godoy, Pilowsky y Sabat, expone que desde la implementación del Transantiago, el transporte de pasajeros se encuentra severamente cuestionado por la ciudadanía.

Observa luego que en materia de transporte de pasajeros, existe una distinción entre el transporte público y privado. Agrega que la regulación tanto legal como por vía de decretos, para el transporte público, es variada, el transporte privado por su parte tiene una reglamentación a través del Decreto 80, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Al efecto, los autores de la iniciativa explican que la regulación antes citada, establece básicamente que el transporte privado remunerado de pasajeros es una actividad lícita y que consiste en que “una persona contrata a otra persona, con el objeto de que ésta última transporte exclusivamente a uno o más pasajeros individualizados en forma predeterminada, desde un origen hasta un destino preestablecidos”.

Sin embargo, arguyen que ante el descontento sufrido por el transporte público, las personas han buscado vías distintas de traslado, generando externalidades como favorecer la frecuencia de sus viajes, reducir los costos económicos, de congestión y ambientales, surgiendo aplicaciones que permiten una conectividad entre conductores y pasajeros, permitiendo traslados más cómodos y de costos menores a los que proporcionan algunos transportes públicos.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Obras públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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