La moción de los diputados Arriagada, Espinosa, Flores, Hernando, Abel, Pacheco, Rincón, Robles, Silber y Torres, expone que en materia financiera el Factoraje o factoring como es comúnmente conocido, resulta ser una alternativa de financiamiento consistente en un contrato por medio del cual una empresa traspasa el servicio de cobranza de facturas y créditos que tiene en su poder y que le sean pertenecientes y a cambio obtiene de forma inmediata el dinero correspondiente a esta operación, muchas veces con un descuento sobre el total.
Observa luego que esta práctica es común y creciente en materia educacional, especialmente en las universidades privadas, las que factorizan la deuda de sus estudiantes por medio de la venta de las letras que deben firmar anualmente los estudiantes, transformando así a la empresa de factoraje en la encargada de realizar la cobranza, aplicando intereses sobre esta deuda ante un retraso en el pago de la deuda.
Al efecto, los autores de la iniciativa aducen que el manejo empresarial de algunas instituciones de educación superior ha permitido que el mercado de la factorización resulte ser un buen negocio, muchas veces en desmedro de los estudiantes y sus familias quienes ante un retraso en el pago de las mensualidades deben correr con los intereses que esto genera, así también, con las medidas que aplican algunas universidades, limitando o definitivamente restringiendo el acceso del estudiante a los beneficios que otorgan las casas de estudio; como por ejemplo la posibilidad de acceder al préstamo de un libro en biblioteca, acceder a los sistema de intranet donde se encuentran sus notas, informaciones importantes, apuntes, etc.
Así, y con el objeto de adoptar los resguardos necesarios ante la eventual gratuidad de la educación, el proyecto de ley propone prohibir que la instituciones de educación superior puedan factorizar o vender la deuda sus estudiantes.
Asimismo, la moción prohíbe a la casas de estudios aplicar medidas contra el estudiante que se encuentre en situación de morosidad, no impidiéndole ingresar a la revisión de sus datos, notas, certificados, prohibiéndole acceder a los beneficios que otorgue la universidad, o al acceso a herramientas que sean esenciales en el desarrollo de sus estudios.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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