La moción, presentada por los senadores Ossandón, García Huidobro y Guillier, busca sancionar a quienes hagan uso indebido del servicio de llamados de emergencia policial. Con multas de 3 UTM, las que podrán ser sustituida únicamente por la pena de prestación de servicios a la comunidad.

La iniciativa modifica la ley General de Telecomunicaciones imponiendo a los concesionarios la entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia, los datos de quienes realicen las llamadas.

Al efecto los autores del proyecto sostienen que «un 80% del promedio total de las llamadas a emergencia corresponden a comunicaciones inoficiosas que no generan un procedimiento policial. La mayoría de ellas se trata de bromas, insultos a la policía o denuncias de hechos falsos, siendo las más frecuentes las denuncias de bombas en universidades y colegios durante la época de exámenes. (…) Esto implica que al menos el 80% del tiempo de los operadores de la Central de Comunicaciones de Carabineros es destinado a contestar llamadas de broma, consultas genéricas o de falsas denuncias».

Asimismo, se aduce que tanto Carabineros de Chile como otros servicios de emergencia, no cuentan con un proceso de gestión de datos de calidad suficiente para individualizar a las personas detrás de los llamados al servicio y que «es por este motivo que el presente proyecto de ley pretende entregarles dicha herramienta con la sola finalidad de asistirlos en los procedimientos de emergencia e identificar a aquellas personas que realizan un mal uso del servicio de llamadas de emergencia».

La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y será analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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