“Los cuatro dirigentes de las protestas pro democracia de la ‘Revolución de los Paraguas’ de Hong Kong encarcelados por su papel en las protestas pacíficas de 2014 deben ser puestos en libertad inmediata e incondicional y deben anularse sus sentencias condenatorias”, declaró Amnistía Internacional.
De acuerdo  al organismo los activistas en favor de la democracia han sido condenados a penas de entre ocho y 16 meses de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Kowloon Occidental.
Entre los ocho activistas condenados figuran los cofundadores de la campaña “Occupy Central” (ocupa el Distrito Central), el jurista y profesor Benny Tai Yiu-ting y el profesor de Sociología Chan Kin-man, a quienes se les impusieron sendas penas de 16 meses de prisión. Los otros dos activistas encarcelados son el líder de partido político Raphael Wong y el legislador Shiu Ka-chun, condenados a sendas penas de ocho meses.
“Las terribles penas de prisión impuestas hoy a cuatro activistas en favor de la democracia son una afrenta para la justicia y los derechos humanos de protestar pacíficamente y a la libertad de expresión. Los cuatro son presos de conciencia encarcelados exclusivamente por defender de forma pacífica la democracia en Hong Kong y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, y sus condenas deben ser anuladas”, afirmó Man-kei Tam, director de Amnistía Internacional Hong Kong.
A continuación, dijo que “según el derecho internacional, el gobierno de Hong Kong no tiene derecho a encarcelar a estas personas, condenadas a prisión debido a sus creencias y no por ningún delito que hayan cometido”.
Luego, añadió que “el uso como represalia de estos cargos poco precisos y ambiguos por el gobierno de Hong Kong sienta un peligroso precedente que podría desembocar en el enjuiciamiento y la prisión generales de manifestantes pacíficos. El gobierno debe dejar de hacer un uso abusivo de la ley y del sistema judicial para silenciar el debate sobre la democracia en Hong Kong”.
Enseguida Amnistía relata que el 9 de abril, nueve personas fueron declaradas culpables de cargos relacionados con “escándalo en la vía pública” por obstruir vías y lugares públicos durante las protestas. Los cargos, poco precisos y ambiguos, son “conspiración para cometer escándalo en la vía pública”, “incitación a cometer escándalo en la vía pública” e “incitación a incitar al escándalo en la vía pública”. Es la primera vez que el gobierno de Hong Kong utiliza estos cargos contra manifestantes pacíficos.
En el caso de estas nueve personas, los fiscales decidieron basar los cargos en la infracción del derecho consuetudinario de “escándalo en la vía pública”, que conlleva penas más duras que infracciones similares del derecho estatuido.
A juicio de Amnistía, las sentencias condenatorias y las penas por “incitación” y por “incitación a incitar” conllevan efectos negativos a largo plazo para el disfrute de la libertad de expresión y de reunión pacífica en Hong Kong. En este caso, las pruebas de “incitación” incluían artículos de prensa dirigidos al público en general, declaraciones hechas en conferencias de prensa y entrevistas en medios de comunicación realizadas meses antes de las protestas, así como vídeos grabados por la policía de dirigentes de las protestas que instaban mediante altavoces a los y las participantes a invitar a otras personas a unirse a las protestas.
Otro cofundador de la campaña “Occupy Central”, añade Amnistía, el pastor retirado reverendo Chu Yiu-ming, fue condenado a 16 meses de prisión de pena condicional durante dos años. El líder estudiantil Eason Chung Yiu-wa y el líder de partido político Lee Wing-tatfueron condenados a ocho meses de cárcel en sendas penas condicionales durante dos años. El líder estudiantil Tommy Cheung Sau-yin fue condenado a 200 horas de servicios a la comunidad. La imposición de condena a la legisladora Tanya Chan se aplazó hasta el 10 de junio debido a su estado de salud.
Las nueve personas condenadas indicaron que recurrirán las sentencias condenatorias.
Amnistía expone también que durante 79 días entre septiembre y diciembre de 2014, más de un millón de personas ocuparon las calles principales de Hong Kong para exigir democracia en la ciudad.
El enjuiciamiento por el gobierno de Hong Kong de estas nueve personas, dirigentes de las protestas de la “Revolución de los Paraguas”, se produce tras la condena de tres dirigentes estudiantiles en 2017. Más de cuatro años después del comienzo del movimiento, cientos de manifestantes siguen estando en un limbo legal, sin saber si la policía seguirá adelante con los cargos formulados contra ellos.
En un documento publicado antes del juicio en noviembre de 2018 de las nueve personas activistas condenadas hoy, Amnistía Internacional expuso por qué el enjuiciamiento equivale a un ataque contra los derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

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