La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguió el proceso de reforma en Cuba por medio del cual se dio rango constitucional a determinados derechos fundamentales y que concluyó con el referéndum realizado el 24 de febrero de 2019.
La Comisión recibió denuncias, por parte de organizaciones de la sociedad civil cubana, sobre una serie de falencias en el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de Constitución.
De acuerdo a la CIDH, las organizaciones indicaron que pese a sus esfuerzos para generar un diálogo pluralista existieron “barreras políticas y legales” que limitaron la efectiva participación ciudadana. Activistas de la campaña del voto en contra denunciaron haber sido intimidados, detenidos y en algunos casos golpeados por las fuerzas de seguridad y que sus casas fueron sitiadas por las fuerzas militares la semana anterior al referéndum.
La Comisión condena todo tipo de actos intimidatorios y agresiones contra personas disidentes, activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas.
Por otro lado, añade, la prensa registró denuncias de fraude electoral el día del referéndum, en particular, que se habría votado con lápiz; la falta de secreto en el voto; que no se incluyó el voto de más de dos millones de cubanos en el extranjero; además de irregularidades en las urnas electorales.
Al respecto, la CIDH expresa su preocupación con relación a que el referéndum no se habría llevado a cabo con las condiciones que requieren unas elecciones libres, secretas, confiables, independientes y con las garantías al principio de universalidad y pluralidad electoral.
Durante años, la CIDH ha sido crítica ante la ausencia de condiciones que permitan una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento en Cuba, que se mantienen a pesar de la citada reforma Constitucional; en particular, la celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia ante la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, las arbitrarias restricciones a la libertad de expresión y el derecho de reunión, entre otros derechos fundamentales; como la necesaria participación plural en un proceso de reforma constitucional.
A pesar de lo anterior, la CIDH toma nota que en materia de derechos humanos esta nueva Constitución da rango constitucional a garantías judiciales como el hábeas corpus y el principio de presunción de inocencia, y un catálogo de derechos fundamentales tanto civiles y políticos que incluyen el derecho a la vida y la prohibición de la desaparición forzada, tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; así como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; como el derecho al agua, la salud y la educación gratuita, entre otros.
Asimismo, se incorpora el derecho a la propiedad privada; y añade al principio de igualdad, la prohibición de discriminación por razones género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, y discapacidad. En el texto constitucional se expresa que las relaciones internacionales se basarán en la defensa y protección de los derechos humanos y establece la obligación del Estado de garantizar “el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con el principio de progresividad y sin discriminación”.
Al respecto, la Relatora para Cuba, Antonia Urrejola, señaló que “la inclusión de estos derechos en el orden constitucional cubano pudiera considerarse como un paso adelante en el ejercicio de los derechos humanos en la región, siempre que en Cuba se eliminen las políticas, leyes y prácticas estructurales que limitan la implementación plena de esas garantías, desde un enfoque de derechos humanos”; y añadió que “su interpretación y aplicación armónica con los más altos estándares en materia de derechos humanos será clave para poder catalogarla como un verdadero avance en la conquista de derechos fundamentales por parte del pueblo cubano”.
La CIDH insta al Estado a transformar la Constitución en una realidad de respeto a las libertades públicas y democráticas, adoptando medidas que garanticen la libre circulación de las ideas y pensamiento, posibilitando la libre participación política de todos los ciudadanos y ciudadanas cubanas en condiciones de igualdad.
Por último, la Comisión reitera su solicitud de anuencia al Estado de Cuba para realizar una primera visita de observación in loco, que permita monitorear la situación de derechos humanos en el país. La Comisión continuará dando seguimiento a este proceso de reforma constitucional dentro del marco de su mandato.

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