El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó la demanda presentada por un jubilado contra España.

Cabe recordar que el demandante reclamó que su pensión perdió un 1 % de poder adquisitivo en 2013 en plena crisis al subir menos que la inflación. En efecto, su pensión ese año sólo se incrementó en un 1,9 %, con respecto a los 789,82 euros que tenía hasta entonces, mientras que los precios habían subido un 2,9 % durante el año previo. En su demanda, formalizada en 2016, argumentó que la reducción de su poder adquisitivo tendría que haberse considerado sustancial dado el precio de los productos básicos, como la electricidad y el gas. También señaló que el Gobierno debería haber optado por otras medidas menos costosas para los jubilados y no por limitar la revalorización de las pensiones. Por ello, invocó el artículo 1 del Protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la propiedad.

En su sentencia, el Tribunal europeo sostuvo que no existe razón para negar que se haya mantenido un equilibrio justo entre los intereses en juego y no parece que el demandante tuvo que soportar una carga individual y excesiva. En efecto, la clave del caso es la proporcionalidad de la injerencia, respecto a lo cual no hay evidencia de arbitrariedad o discriminación alguna en la actuación de la Seguridad Social, que incrementó la pensión en una proporción inferior a la de la inflación. Asimismo, estimó que el demandante no ha argumentado que el limitado aumento de su pensión pusiera realmente en peligro sus únicos medios de subsistencia o que corrió el riesgo de no tener suficientes medios para vivir.

Vea texto íntegro de la sentencia.

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