Tras la aprobación en Hungría de un paquete de leyes punitivas, incluida una que criminaliza el trabajo legítimo realizado sobre la migración por activistas y ONG, Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa, manifestó que “es una amarga ironía que, mientras el mundo conmemora el Día Mundial del Refugiado, el Parlamento húngaro haya votado introducir una ley dirigida contra las personas y organizaciones que apoyan a personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes”.
La directora planteó que “la criminalización de un trabajo esencial y legítimo de derechos humanos es un ataque descarado contra las personas que buscan refugio frente a la persecución y contra quienes realizan un trabajo admirable para ayudarlas”.
A continuación, aseguró que “es un nuevo récord a la baja en la represión cada vez más intensa de la sociedad civil, y es algo a lo que nos resistiremos en cada paso que se de”.
Luego agregó que “lucharemos contra la creciente marea de intolerancia institucional hacia las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y contra los intentos de estigmatizar, intimidar y asustar a las organizaciones de la sociedad civil húngaras”.
De acuerdo a Amnistía, el proyecto de ley aprobado en el Parlamento por abrumadora mayoría penaliza una serie de actividades legales en apoyo de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes, todas ellas protegidas tanto por el derecho internacional de los derechos humanos como por la legislación de la UE. Quienes incumplan esta ley pueden enfrentarse a hasta un año de prisión.
También, añade, se aprobó un proyecto de ley aparte que proponía una “séptima enmienda” a la Constitución. Este proyecto socava los derechos humanos y el Estado de derecho en Hungría al prohibir el reasentamiento de poblaciones extranjeras, restringe la capacidad de la gente de protestar pacíficamente, mina la independencia del poder judicial, criminaliza la falta de vivienda y dispone que las autoridades estatales protegerán la “cultura cristiana” de Hungría.
A juicio de Amnistía estos cambios en la ley húngara constituyen una grave amenaza al derecho a pedir asilo, a la libertad de circulación, reunión y expresión y al derecho a no sufrir discriminación.

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