Amnistía Internacional sostiene que el nuevo Gobierno del Presidente electo Iván Duque, que asumirá sus funciones el próximo 7 de agosto, tiene la obligación de garantizar los derechos de los más de 8 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, así como asumir una agenda de pleno respeto a los derechos humanos, incluyendo de las personas que los defienden y aquellas comunidades históricamente excluidas.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, arguye que “la violencia continúa siendo una realidad para miles de personas y comunidades. Nos preocupa que actores armados, como los grupos paramilitares, continúen cometiendo crímenes de derecho internacional, como el desplazamiento forzado colectivo, violencia sexual contra mujeres y niñas y asesinatos selectivos de personas defensoras de los derechos humanos”.
Esto, dice, tiene que cambiar, y espera este sea el compromiso de la nueva administración bajo el presidente electo Iván Duque.
Enseguida agrega que “el Gobierno entrante tiene el inmenso reto de asegurar que la dolorosa historia de conflicto armado y violencia en Colombia no se perpetúe, asegurando una respuesta integral para comunidades históricamente excluidas que requieren medidas más allá de las intervenciones militares en sus territorios”.
Por ello, espera que bajo el mando del Presidente electo, el Estado colombiano fortalezca su compromiso con la garantía de los derechos humanos en todos los rincones del territorio nacional y sin condicionamientos”.
Amnistía Internacional afirma que ha acompañado por más de cuarenta años a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia, sus organizaciones, movimientos sociales y comunidades que históricamente han sufrido la violencia en el país. En departamentos como Nariño, Cauca y Chocó, el conflicto armado continúa siendo una realidad cotidiana para miles de personas y comunidades.
Además comenta que en otras zonas del país, las personas defensoras de los derechos humanos y sus comunidades se ven expuestas a graves violaciones de derechos humanos, particularmente por su defensa a derechos relativos a la tierra, territorio y los recursos naturales.
La organización hace un llamado a las autoridades colombianas para desmantelar de inmediato las estructuras paramilitares que aún perduran, a pesar de su supuesta desmovilización en 2005, e impulsar las investigaciones penales por la presunta complicidad de agentes estatales con éstas.
Asimismo, Amnistía Internacional ha denunciado que la reorganización de otros grupos guerrilleros, en disputa territorial, continua generando situaciones de violencia, en las que las comunidades siguen enfrentando condiciones de conflicto armado.
Por último, Guevara Rosas solicita que los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sean el eje principal de sus políticas de Gobierno para eliminar las causas estructurales de la violencia. “La impunidad frente a crímenes de derecho internacional y graves violaciones de los derechos humanos debe cesar de una vez y para siempre”, indica.
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