En una reciente publicación del medio online español Confilegal “Los 629 migrantes del Aquarius tendrán estatus de refugiados en España”, se comenta que el Gobierno concederá el estatus de refugiado y de personas de acogida a los 629 migrantes que navegan en el Aquarius y dos buques italianos rumbo a Valencia desde Italia. ¿La razón? La situación “de emergencia y excepcionalidad”, al margen de la condición personal de cada uno de ellos anunciaba la vicepresidenta del Gobierno regional valenciano, Mónica Oltra.
En una fase posterior, continúa el texto, se decidirá su situación legal individual, es decir, si se otorga el estatus de refugiado o no a los recién llegados. 123 de los 629 migrantes son niños y niñas que viajan solos. Representan un colectivo vulnerable que puede haber sido víctima de abusos, tráfico de personas y trata en sus países de origen.
Se cita luego al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguraba este jueves que los 629 migrantes del Aquarius recibirán a su llegada a España “tratamiento y trato idénticos” a los cientos de migrantes que arriban a la frontera sur en patera, es decir, quienes soliciten asilo tendrán acceso al procedimiento y quienes no reúnan las condiciones, podrán recibir un expediente de expulsión.
El Gobierno informa que los tres barcos en los que viajan los migrantes del ‘Aquarius’ llegarán “de manera escalonada” a Valencia para poder darles una “respuesta adecuada”, según la vicepresidenta Carmen Calvo.
Enseguida el texto detalla que la base del Alinghi, equipo anfitrión de la Copa del América que se celebró en la capital valenciana, será la base de acogida de los migrantes.
El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, presidirá el próximo martes, 19 de junio, en la sede de la FEMP, una reunión de trabajo en la que se avanzará en el proceso de acogida de los migrantes del buque Aquarius en Entidades Locales de nuestro país.
Al encuentro, en el que se abordará la gestión del proceso, participarán representantes de Cruz Roja, ACCEM y CEAR, las tres organizaciones con las que la Federación suscribió en su día un acuerdo de colaboración de cara a los procesos de acogimiento.
Se explica, después, que los Ayuntamientos tienen un papel esencial, especialmente facilitando el acceso a los medios y recursos disponibles, así como el refuerzo o adaptación de los Servicios Sociales cuya intervención resulta indispensable en el proceso de integración y autonomía de las personas migrantes.
Así lo anunció el propio Abel Caballero en el marco de unas declaraciones en las que, además, ha reiterado su agradecimiento al Gobierno por haber contado con la FEMP a la hora de abordar las tareas de coordinación ante esta emergencia humanitaria.
El presidente de la FEMP reconoció también la solidaridad y compromiso humanitario de los Gobiernos Locales españoles porque “la solidaridad local no tiene barreras”.
A fecha de hoy, expone el texto, son más de 230 los municipios que han mostrado su disposición a la acogida de los refugiados del Aquarius, una colaboración que se traduce en la puesta a disposición de éstas personas de diferentes recursos y soluciones, habitacionales y no habitacionales, para facilitar su vida durante el tiempo que pasen en nuestro país.
Nuevamente, las respuestas locales han estado entre las primeras recibidas, en especial desde las Corporaciones españolas asociadas a la Red de Municipios por la Acogida de Refugiados de la FEMP, en lo que Abel Caballero ha calificado de “una importante movilización humanitaria”.

Asesoramiento jurídico a medida

El texto señala además con respecto a este punto, que desde la Fundación Abogacía Española, entidad que depende del Consejo General de la Abogacía Española, se muestra su satisfacción por la oferta del Gobierno de acoger a los migrantes del Aquarius que se encuentran en alta mar en el Mediterráneo central, sin que Italia ni Malta estuvieran dispuestas a hacerlo.
La acogida, se asegura, es una decisión humanitaria y solidaria, que comparte una institución como la Fundación dedicada a la defensa de los derechos de las personas, y que evitará que una situación dramática se convierta en una tragedia.
Esta actitud del Gobierno debería ser, en opinión de la Fundación, la práctica habitual de los países de la Unión Europea ante una situación de riesgo real para la vida y la seguridad de más de 600 personas.
Acoger a personas que huyen de la guerra, de la persecución o del hambre no es una cuestión de solidaridad, sino de justicia.
La Fundación reiteró la propuesta del CGAE y del Colegio de Abogados de Valencia de hacerse cargo de la asistencia jurídica necesaria a los migrantes del Aquarius, y expresó igualmente al Gobierno su preocupación por la necesidad urgente de una mayor dotación de recursos, tanto profesionales, económicos, como logísticos, que brinde a los migrantes la asistencia que reconocen las leyes y convenios firmados por España.
La Fundación Abogacía Española solicita a las instituciones públicas responsables la urgente dotación de medios para la asistencia en costa a los migrantes que llegan en pateras, en situación de especial vulnerabilidad, y que redoblen sus esfuerzos en la formación y sensibilización de los funcionarios, que tienen un papel vital en el momento de la llegada y de cuya actuación depende la protección de los derechos básicos de otras personas.
El texto afirma que la solidaridad y la justicia no se demuestran sólo con respecto a un barco de rescate de una ONG -a la que no se le ofrece acogida desde otros puertos más cercanos- sino también con respecto a la protección adecuada a las 60 personas al día (según datos de la Organización Internacional de Migraciones) que en lo que va de 2018 han llegado a las costas del sur en precarias embarcaciones.
A continuación, se arguye que mientras la llegada de migrantes en pateras a las costas españolas está aumentando por el cierre de otras rutas migratorias y por la llegada del buen tiempo (sólo entre el 4 y el 10 de junio llegaron a las costas españolas 650 personas, los mismos que hay a bordo del Aquarius), los medios necesarios para una primera asistencia digna no están aumentando de manera proporcional.
Esto, se asegura, afecta al ya difícil trabajo de los abogados y abogadas que realizan habitualmente la asistencia jurídica en los puertos. Una asistencia deficiente por parte de los abogados, los jueces, los fiscales o la policía en el momento de la llegada a la costa puede producir vulnerabilidades en la protección de los derechos humanos de estas personas migrantes, entre los que hay, por ejemplo, solicitantes de asilo, víctimas de trata y menores no acompañados.

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