En una reciente publicación de la Biblioteca del Congreso Nacional se da a conocer el artículo “Los avances en inclusión laboral de personas con discapacidad en la legislación de India”.
La BCN sostiene que según el último Censo realizado en dicho país asiático más de 20 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa un 2,1 por ciento de la población.
A continuación, se recuerda que el 2013 la Corte Suprema de India ordenó al Gobierno garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, con especial énfasis en las personas con discapacidad y su posibilidad de obtener empleos en el sector público y privado. Para responder a este emplazamiento, el Parlamento comenzó la discusión de una reforma a la Ley de Personas con Discapacidad, promulgada inicialmente en 1995.
El proceso legislativo dejó como resultado la Ley de Derechos para Personas con Discapacidad -promulgada el 2016- donde se establecen una serie de medidas para asegurar las condiciones de bienestar y entregar un marco regulatorio amplio que permita la educación de la ciudadanía. En sintonía con los acuerdos internacionales suscritos por India, en particular con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la nueva ley reconoce 21 tipos distintos de discapacidades en las personas.
Con este reconocimiento, asegura la BCN,  se generaron las condiciones para impulsar una de las principales medidas establecidas en la nueva legislación, la reserva un cinco por ciento de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Más aún, la ley establece que este porcentaje no es un límite y que las autoridades centrales y locales tienen el deber de proporcionar incentivos a los empleadores para garantizar la cuota mínima requerida para conformar inclusivamente la fuerza de trabajo y generar las condiciones óptimas para la realización de sus actividades.

Condiciones laborales apropiadas

Otra de las medidas establecidas por la ley, indica el texto, es que la inclusión de personas con discapacidad no se reduce solamente a la fijación de cuotas, sino a la creación de un ambiente laboral que cumpla con ciertas condiciones mínimas, tanto en los edificios como en los espacios abiertos, para que las personas se sientan incluidas y sin ningún tipo de impedimento que genere la sensación de discriminación. A tal efecto, se instruye a los empleadores acondicionar los espacios para que sean accesibles y puedan responder a todos los tipos de necesidades especiales.
De igual manera, se establece que el Gobierno, a través de sus instituciones de salud y entes de fiscalización, vela para que tanto en las instituciones públicas como privadas se cumpla con el derecho de asegurar apropiadamente a las personas, ya sea en planes especiales en prevención de riesgos, de enfermedades como en rehabilitación.
Por si fuera poco, destaca la BCN, además de estas condiciones para asegurar una atención apropiada a la salud, la ley establece que tanto los empleadores como los gobiernos están en el deber de crear un ambiente propicio para que las personas con discapacidad cuenten con una cultura de trabajo positiva, pero además que tengan posibilidades de capacitación y fuera de sus labores desarrollen actividades deportivas y de recreación.

Comisionado en jefe para el cumplimiento de la ley

El documento remarca también que uno de los elementos innovadores de la nueva ley de inclusión en la India es que el Gobierno central por notificación del Ejecutivo puede nombrar a un Comisionado en Jefe para Personas con Discapacidad. Esta figura cumple el rol de identificar las transgresiones a la ley. Más aún, presentar correcciones necesarias en los procedimientos inconsistentes por parte de empleadores, por ejemplo en el mantenimiento de las condiciones de acceso en la infraestructura, o el no cumplimiento de las cuotas de empleo en el Estado.
Además, se añade, el Comisionado en Jefe monitorea la implementación de la ley en los diversos programas destinados a personas con discapacidad y analiza la utilización de los fondos designados por el Gobierno central para el beneficio de personas con discapacidad. Estas características también le permiten recomendar a las autoridades para que el diseño de sus políticas cumpla con las condiciones establecidas por la ley.

Análisis a la luz de la realidad chilena

El texto afirma que con respecto a aumentar la reserva de un cinco por ciento de la fuerza laboral de las empresas e instituciones públicas a personas con discapacidad, la diputada Amar, aseguró que “tendríamos indudablemente más oportunidades para las personas en situación de discapacidad. Estoy de acuerdo con que se incremente la integración de personas al mundo laboral, con igualdad de derechos y remuneración, aunque esto es algo que debiera aplicarse a todos, porque son personas que ejercen la misma función y el mismo tipo de trabajo por lo tanto no debería haber una discriminación alguna".
Sobre la necesidad de crear un ambiente laboral inclusivo y apropiado, la parlamentaria se refirió a los desafíos que en esta materia tenemos en nuestro país, ya que a su juicio hay que partir de la base de que “ni siquiera las ciudades son amigables para las personas con discapacidad, hay problemas de acceso evidentes en las oficinas públicas donde no hay rampas o ascensores, lo que significa que ni siquiera brindamos una igualdad de base, por lo tanto remarco el papel que juega la fiscalización en relación a estos problemas, principalmente en la construcción para que se cumplan los parámetros necesarios. Pienso además que tenemos que sensibilizar más a la comunidad, porque podemos seguir en la creación de más y más leyes, pero no las estamos tomando en consideración”.
Finalmente, la legisladora valoró que en nuestro país la Ley de Inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral -promulgada en mayo de 2017- tenga avances significativos en la igualdad de oportunidades y el fomento de una cultura laboral que valore la diversidad y el respeto, sin embargo planteó que “aún estamos al debe como sociedad. El porcentaje de la ley podría ampliarse de tal manera de tener una mayor cobertura y mayor cantidad de personas en situación de discapacidad trabajando en empresas, además del sector público. Ahora bien, es importante que el cumplimiento de esta ley se fiscalice, porque no basta solamente con promulgarla. Aquí tenemos un Servicio Nacional de la Discapacidad, pero es importante que le permitan cumplir sus roles, para ello es necesario que cuente con los recursos adecuados”.

Vea texto íntegro del documento

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