Amnistía Internacional solicita que las autoridades colombianas tomen medidas urgentes para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos y emprender una investigación expedita, exhaustiva y efectiva sobre los recientes homicidios de líderes comunitarios que se oponían a un proyecto hidroeléctrico en la región de Antioquia de Colombia.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, solicita que “las autoridades colombianas deben tomar de inmediato medidas efectivas para poner fin a la oleada incesante de amenazas y ataques, que se ha cobrado la vida de más de 170 defensores y defensoras de los derechos humanos desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016”.
Agrega que “quienes arriesgan la vida para defender el medio ambiente, el territorio y el acceso a la tierra tienen especial necesidad de protección. No puede permitirse que estos devastadores esfuerzos por silenciar a personas valientes que salen en defensa de sus comunidades continúen”.
Amnistía recuerda que el 8 de mayo, atacantes no identificados mataron a Luis Alberto Torres Montoya y a su hermano Duvián Andrés Correa Sánchez cuando trabajaban en el campo, en la zona conocida como El Pescadero. Luis era un activo líder comunitario y miembro de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia. Seis días después, unos atacantes no identificados mataron a otro líder comunitario, Hugo Albeiro George Pérez, en Puerto Valdivia.
El organismo comenta que Luis y Hugo formaban parte del movimiento Antioquia Ríos Vivos, que se ha opuesto públicamente a la construcción de la presa hidroeléctrica de Hidroituango debido a los daños ambientales que ha causado en la zona. Los dos habían pedido que se indemnizara a las familias locales cuyas tierras y actividades agrícolas se han visto afectadas negativamente por el proyecto.
La directora pide a las autoridades llevar a cabo con prontitud una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre los homicidios de Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, teniendo en cuenta su labor de defensa de los derechos de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. “Deben aplicar de inmediato medidas efectivas para abordar las causas estructurales que subyacen a las amenazas, homicidios y ataques a que se enfrentan las y los líderes de la comunidad que se oponen a este proyecto”, manifiesta.
El organismo asegura que el año pasado fue el de mayor número anual de muertes de defensores y defensoras de los derechos humanos que se registra en Colombia, con 121 homicidios, más del doble de los registrados en 2016.
El 8 de mayo, Amnistía Internacional reemprendió su campaña PazDesprotegida para instar a las autoridades colombianas a proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos y sensibilizar sobre los peligros que estas personas arrostran.

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