La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el resultado del operativo policial realizado en el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz (“cárcel de Palmasola”), Bolivia, donde perdieron la vida al menos siete internos y  aproximadamente 20 personas quedaron heridas, entre ellas, 7 policías.
Por ello, la Comisión Interamericana solicita al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como a identificar y sancionar a los responsables.
Según la CIDH, de acuerdo a información de público conocimiento, el 14 de marzo de 2018 unos 2.300 policías desarrollaron un operativo sin aviso previo en el Centro Penitenciario de “Palmasola”, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. De acuerdo con el Viceministro de Régimen Interior y Policía, el objetivo del operativo era reestablecer el orden y control en el penal, pues organizaciones criminales operarían al interior del mismo. La respuesta de los internos al operativo, habría sido violenta, debido a que emplearon armas y garrafas de fuego para evitar el avance policial.
Producto de este operativo, el Comandante General de la Policía indicó que fueron desalojadas del penal, un centenar de mujeres y niños que habitaban la prisión. Asimismo, como resultado de las requisas practicadas, las fuerzas policiales habrían incautado, entre otros objetos, droga, armas blancas y de fuego, granadas de guerra, garrafas de gas licuado y destiladora de bebidas alcohólicas. De igual forma, fueron trasladados recursos considerados como “peligrosos” a otros recintos penitenciarios.
Por su parte, la Comisión advierte que de acuerdo con testimonios de las mujeres desalojadas del recinto carcelario, éstas habrían sido golpeadas y despojadas de todas sus pertenencias. Asimismo, arguye que la Defensoría del Pueblo condena la fuerza empleada contra todos los internos del penal, e inició una investigación de oficio ante tales hechos.
De acuerdo a la CIDH, las autoridades del Estado tienen el deber ineludible de garantizar el buen orden y la seguridad interna en los centros de detención, y en ese sentido las requisas o inspecciones son un mecanismo necesario para decomisar de efectos ilegales o para prevenir tentativas de evasión. Sin embargo, estos procedimientos deben practicarse de acuerdo con protocolos claramente establecidos en la ley, de forma tal que se respete el derecho a la integridad personal de los reclusos, y sin un uso desproporcionado de la fuerza.
La Comisión enfatiza que el Estado boliviano tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones deben estar orientadas a establecer las responsabilidades materiales e intelectuales de los hechos y la posible responsabilidad de autoridades, sea por acción u omisión. Asimismo, el Estado debe proveer atención médica adecuada a las personas que resultaron heridas.
El Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado Joel Hernández, afirma que “estos lamentables hechos que representaron pérdidas irreparables, toman lugar en una cárcel caracterizada por altos nivel de hacinamiento, y condiciones deplorables que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”.
Agrega que “en este contexto, resulta preocupante que dicho recinto alojara también a decenas de mujeres con sus hijos e hijas. Los establecimientos penitenciarios deben brindar a las personas detenidas espacios que garanticen su vida y seguridad, pues se encuentran bajo la custodia directa del Estado”.

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