Con respecto al compromiso formulado por el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, de retirar a su país de la Corte Penal Internacional (CPI), James Gomez, director regional de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía, manifestó que “se trata de una decisión desacertada y sumamente lamentable del Presidente Duterte, y la señal más reciente de que en Filipinas hay individuos poderosos que tienen más interés en encubrir su propia responsabilidad potencial en homicidios que en garantizar la justicia para las numerosas víctimas de la brutal ‘guerra contra las drogas’ emprendida en el país”.
A continuación, el director regional plantea que “por suerte para esas víctimas, la retirada anunciada por Duterte llega demasiado tarde para detener el examen preliminar que está llevando a cabo la CPI y las obligaciones contraídas por Filipinas con la Corte”.
Asimismo señala que el Presidente Duterte no puede detener la responsabilidad internacional de Filipinas borrando simplemente su firma del Estatuto de Roma.
Por último, plantea que “si Filipinas creía de verdad que la CPI no tenía jurisdicción sobre los delitos cometidos en el país, debería haber hecho frente a esa cuestión por la vía adecuada: es decir, en la propia CPI. En lugar de eso, ha optado por la cobarde vía de intentar eludir la justicia”.

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